Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
Todas las divulgaciones de escuchas telefónicas e
intercepción de mensajes que exhibió, sin pudor alguno y durante meses, la
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa Martes del jaguar,
eran, y siguen siendo, ilegales. Más allá de su contenido, que resultaba
crítico para varios personajes, instituciones y empresas, sobre todo con su
antecesor, Alejandro Moreno, Alito, actual presidente del PRI, estamos hablando
de intercepciones ilegales realizadas desde el Estado y divulgadas por la
gobernadora en un espacio público. Era y es indefendible.
Esta semana, Sansores comprobó aquello de que, para
tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Proceso divulgó chats y
comunicaciones de la propia gobernadora que no sólo confirman el origen ilegal
de las intercepciones que ella utilizaba, sino también su infiltración en el
equipo de Alito, al grado de robarle dinero para financiar su propia campaña,
su desprecio por los periodistas, sus mecanismos de corrupción, sus intrigas
dentro de su propio partido y una larga lista de presuntos delitos que en
cualquier otro caso hubieran provocado una crisis de gobierno y hasta una
investigación judicial.
No creo que pueda pasar en Campeche, como no
trascendieron judicialmente las irregularidades que se encontraron de su paso
por la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, que gobernó, es un
decir, en el primer trienio de esta administración, pero lo exhibido la
inhabilita y exhibe políticamente. Layda reconoce en esas pláticas cómo
infiltró, con su sobrino y su esposa, en el equipo de Alito, para espiarlo y
darle la información a la ahora gobernadora, cómo dinero del exgobernador y
ahora presidente del PRI terminó en las arcas de Sansores para financiar su campaña;
cómo exige a su jefe de Prensa que soborne periodistas y medios de
comunicación. Incluso, Layda, en esos mensajes, sostiene que su candidata y
“hermana” Claudia Sheinbaum (a la que apoda Claudita) se está retrocediendo en
la precampaña, que Monreal (a quien no se cansó de agredir y que la demandó por
las grabaciones que ella divulgaba, sin lograr una intervención efectiva de las
autoridades para impedirlo) está creciendo y que Adán Augusto López se mantiene
en la pelea. Bueno, hasta termina insultando a sus vecinos yucatecos.
Lo más grave es que se exhibe cómo funciona su aparato
de espionaje a partir de un equipo israelí, llamado Rafael, que, casualmente,
desapareció de la Secretaría de Gobernación a fines del sexenio pasado y por lo
que hay un proceso abierto. No queda clara la participación del fiscal estatal
Renato Sales en ello, porque en una de las conversaciones Layda dice que quiere
deshacerse de él, pero sí, que el sobrino de Layda es quien manejaba el sistema
y las intervenciones, incluso construyendo conversaciones falsas con frases
tomadas de otras pláticas intervenidas. Se pone de manifiesto que, con ese
sistema de espionaje, violaron los códigos de empresas como WhatsApp, que por
ese solo hecho podrían demandarla en Estados Unidos. Estamos hablando de
delitos considerados graves, tanto en el ámbito local como federal, que una
fiscalía realmente autónoma tendría que investigar de oficio.
Hay más, la filtración de mensajes y conversaciones de
Layda parecen venir del entorno del propio oficialismo, local y/o federal. Es
mucha información, muy bien procesada, de muchos temas delicados tratados sin
ningún recato, con su gente de mayor confianza. No es descabellado pensar que
los mismos que le proveyeron de grabaciones y conversaciones ilegalmente
obtenidas de sus adversarios, también la estuvieran espiando a ella y, por
alguna razón, le han jugado en contra. Algo se está derrumbando también en el
entorno de la gobernadora, de la misma forma que la seguridad en un estado que,
como Campeche, tenía de los mejores índices del país.
La gobernadora Sansores, con su estilo agresivo, con
sus Martes del jaguar, con sus agravios a propios y extraños, se ha ganado todo
tipo de enemigos. Y ahora comienza a pagar esos costos. Quién sabe hasta dónde
llegarán.
GARCÍA LUNA: DÍA III
Otro día complicado para la Fiscalía de Nueva York en
el juicio contra García Luna. El juez Brian Cogan desestimó el testimonio del
segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, apodado El Futbolista, y presentado
por la Fiscalía desde el martes por la tarde. El magistrado lo calificó de
“rumor” y “pérdida de tiempo”.
Con un agravante, todo el testimonio de Tirso es de
oídas y se remonta a una época anterior al periodo cuestionado por la Fiscalía,
que va de 2001 al 2012. Hasta incluye menciones a personajes que no identificó
con su apellido y que no se puede comprobar siquiera si existen. Tirso, otro
testigo protegido que se acogió a beneficios para obtener la libertad que ya
goza (como Sergio Villarreal El Grande, el anterior testigo), aceptó que le
debe aún a la Fiscalía de NY una multa de dos millones de dólares “que ahora
está viendo cómo paga”.
Insisto en un punto: si la Fiscalía no comienza a
exhibir pruebas documentales de sus acusaciones, será muy difícil que éstas
puedan transitar más allá de los impactos informativos. Y, por cierto, como
decíamos ayer, los millones de dólares de los que se habló en la mañanera y en
otros ámbitos no están acreditados a García Luna, sino a la familia Weinberg,
sus socios en Miami, unos acaudalados empresarios inmobiliarios estadunidenses,
cuyos bienes, por el proceso, están embargados. En México, García Luna ya ganó
un amparo definitivo respecto a esas acusaciones.
