Por: Eduardo Ruiz-Healy.
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La frágil democracia mexicana está en riesgo ante los
embates contra diversas instituciones nacionales orquestados por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y ejecutados por sus aliados en el Congreso y sus
seguidores en las calles de las ciudades, sobre todo las de la CDMX.
En primer lugar, destacan los ataques del presidente y
sus morenistas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo
general, y contra su nueva presidenta Norma Piña y diversos ministros, en lo
particular.
En segundo lugar, debe anotarse la campaña que desde
2006 emprendió AMLO en contra del desaparecido IFE después de que éste no
reconoció su supuesto triunfo en la elección presidencial de ese año, triunfo
que no se pudo probar legalmente. La creación del INE en 2014 no impidió que
siguieran sus ataques, sobre todo en contra de sus principales funcionarios.
Luego están sus intentos, algunos exitosos, para
manipular o debilitar a diversos órganos autónomos constitucionales como el
Banco de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
También ha cuestionado la relevancia de órganos
reguladores como las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de
Hidrocarburos (CNH).
En nombre de la austeridad republicana y como parte de
su campaña contra la corrupción, Andrés Manuel busca controlar y centralizar en
su persona todo el poder político, tal como ocurrió durante las décadas en que
al país lo controló el PRI-gobierno encabezado por los presidentes de la
República.
Las acciones de AMLO y sus seguidores tienden a
debilitar a la incipiente democracia de nuestro país y todo parece indicar que
a no mucha gente le importa, de acuerdo con la edición 2021 del
Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión pública que incluye unas 20 000
entrevistas en 18 países de América Latina (1200 en México) cuyo objeto es
medir “el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su
conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos”.
El Latinobarómetro muestra que solo el 43% de los
ciudadanos mexicanos estaban a favor de la democracia en 2020, cinco puntos
porcentuales arriba del 38% que se registró en 2017 y 2018. Este porcentaje es
el de los más bajos registrados desde 1996 y solo fue menor en 2009 (42%), 2011
(40%), 2013 (37%) y los arriba mencionados 2017 y 2018. También en 2007 fue
43%.
Lejanos están los años en que más de la mitad de los
ciudadanos apoyaban a la democracia: 1996 (53%), 1997 (52%), 1998 (51%), 2002
(63%), 2003 y 2004 (53%), 2005 (59%) y 2006 (54%).
Si el 57% de los mexicanos no apoya a la democracia no
es de extrañar que los empeños de Andrés Manuel para concentrar el poder en
manos del Poder Ejecutivo no generen un rechazo generalizado. Curiosamente, ese
57% es un porcentaje similar al de quienes aprueban la gestión presidencial.
El experimento democrático en México podría llegar a
su fin en las elecciones de 2024, lo que tendría graves consecuencias para la
estabilidad política y la prosperidad económica del país.
