Por: Eduardo Ruíz-Healy
En 2002, que fue el cuarto año del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, había menos pobres que en 2018, que fue el último
año de la administración de Enrique Peña Nieta.
Lo anterior de acuerdo con el reporte Pobreza en México 2022
elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), el organismo constitucional autónomo creado en 2004 con el
objeto de “generar información objetiva sobre la situación de la política
social y la medición de la pobreza en México”.
El reporte señala que de 2018 a 2022 la población en
situación de pobreza disminuyó del 41.9% al 36.3%, que la población en
situación de pobreza moderada bajó del 34.9% al 29.3%, que la población en
situación de pobreza extrema aumentó ligeramente, del 7.0% al 7.1% y que la
población vulnerable por ingresos se redujo del 8.0% al 7.2%.
Sin embargo, la población vulnerable por carencias sociales
aumentó del 26.4% al 29.4% debido, sobre todo, a que los que viven sin acceso a
los servicios de salud creció del 16.2% al 39.1%.
Este último dato corrobora que fue equivocada la politizada
decisión de AMLO de decretar la disolución del Seguro Popular a finales de 2019
para sustituirlo por el fallido Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
(Insabi), que funcionó del 1 de enero de
2020 hasta el 25 de abril pasado, cuando por órdenes del líder de la 4T fue
desaparecido por la mayoría de los diputados lopezobradoristas. Los servicios
que proporcionaba fueron asumidos por el
IMSS-Bienestar.
Sobre el tema del sistema de salud de nuestro país se
publicó el 7 de agosto, en la prestigiosa revista británica especializada en
temas de salud, The Lancet, un artículo titulado “Setbacks in the quest for
universal health coverage in Mexico: polarised politics, policy upheaval, and
pandemic disruption (en español: Contratiempos en la búsqueda de cobertura
universal de salud en México: política polarizada, revuelo en las políticas y
perturbación por la pandemia).
El extenso artículo, que puede leerse en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)00777-8/fulltext#%20,
fue investigado y redactado por un equipo de 17 investigadores y académicos
encabezados por Felicia Marie Knaul, del Instituto de Estudios Avanzados de las
Américas y del Departamento de Ciencias de Salud Pública de la Universidad de
Miami. Señala que la disolución del Seguro Popular en enero de 2020 marcó un
periodo de incertidumbre, coincidiendo con la devastadora pandemia de COVID-19.
Esa decisión, en ese momento crítico, pudo haber incrementado la vulnerabilidad
de México frente a la pandemia. Esto muestra cómo las decisiones en salud
pueden estar influenciadas por factores políticos y cómo es vital que estas
decisiones estén basadas en evidencia sólida y no en la polarización o el
populismo.
Los investigadores recomiendan que las reformas de salud
deben ser equilibradas y resilientes, protegidas de las dinámicas políticas
volátiles. Para garantizar una atención sanitaria adecuada, es esencial contar
con sistemas robustos que puedan enfrentar adversidades políticas y calamidades
inesperadas. También sugieren que las futuras iniciativas estén cuidadosamente
planeadas, basadas en evidencia y sean resistentes a los cambios políticos.
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