Por: Eduardo Ruíz-Healy
Es difícil, si no imposible, defender el poder judicial,
tanto el federal como los de los estados, de las críticas que constantemente
lanzan en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, los morenistas,
diversos estudiosos del sistema judicial, abogados que litigan en los
tribunales federales y locales, y muchos de los que han tenido que enfrentar
juicios largos y costosos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Tribunal Federal Electoral, los juzgados regionales, tribunales colegiados de
circuito y de apelación, juzgados de distrito y los diversos tribunales y
juzgados que existen en cada entidad federativa. También es imposible
justificar los casos de nepotismo y tráfico de influencias que se dan dentro de
los consejos de la judicatura, tanto el federal como los estatales.
Tan mal está la situación que, en el Índice del Estado de
Derecho 2022 elaborado por la ONG estadounidense World Justice Project (WJP,
que en español significa Proyecto de Justicia Mundial), el sistema de impartición
de justicia de México ocupa el lugar 115 de entre 140 países incluidos en el
estudio. En lo que a la eficiencia de los tribunales civiles se refiere, México
ocupa el lugar 131 y el 128 en lo que toca a los penales. Posiciones nada
envidiables y no sorprendentes.
La imagen que la mayoría de los mexicanos tienen de los
impartidores de justicia es contradictoria. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2002) realizada
por el INEGI, el 58.3% de las personas confían en los jueces, pero al mismo
tiempo el 67.3% opina que estos son corruptos, solo por debajo de los policías
de tránsito, que así son vistos por el 73.9%.
La poca confianza en el poder judicial se refleja en la
encuesta Latinobarómetro 2023, la cual señala que el 67% de los encuestados no
confía en él. Peor aún, en la encuesta de 2020, el 57.3% expresó que el sistema
judicial no castiga a quienes son culpables de cometer algún delito.
Para intentar remediar las deficiencias del poder judicial,
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que someterá a la siguiente
Legislatura de la Unión una reforma constitucional con el fin de que los jueces
sean elegidos por el voto secreto y universal de los ciudadanos. Los
gobernadores y legisladores morenistas han expresado su apoyo incondicional a
su simplista propuesta, la cual solo se convertirá en un hecho si en la
elección de junio de 2024 Morena y sus aliados ganan las dos terceras partes de
ambas cámaras legislativas.
Y es una propuesta simplista porque la deficiente
impartición de justicia que hay en el país no solo depende de la eficiencia y
honestidad de los jueces, sino que también es esencial que los criminales sean
capturados y efectivamente acusados y que los policías, investigadores y
fiscales no sean corruptos, cuenten con los recursos adecuados y actúen de
manera competente.
¿Sería beneficioso que los mexicanos eligiéramos a nuestros
jueces federales y locales? No mucho, pues los países en donde son electos por
el pueblo están peor posicionados que el nuestro dentro del Índice del Estado
de Derecho 2022. Honduras está en el lugar 121, Bolivia en el 130, Nicaragua en
el 133 y Venezuela en el 140.
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