Chetumal, Quintana Roo, a 15 de noviembre.- Una de las demandas más sentidas de los
quintanarroenses es el reclamo social de justicia; el combate a la
corrupción y el freno a la impunidad son compromisos prioritarios del
actual gobierno del estado, encabezado por el Gobernador Carlos Joaquín.
Se va a perseguir y castigar a los
culpables del quebranto financiero y el deterioro de la vida social,
además de buscar recuperar los cuantiosos recursos que debieron estar
destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, y cuyo
efecto ha sido profundizar las desigualdades sociales.
En el marco del proceso de entrega
recepción de la administración pública, se han iniciado acciones para
identificar la afectación al patrimonio de los quintanarroenses
dilapidado durante la anterior administración estatal a cargo del señor
Roberto Borge Angulo.
•Entre otras situaciones anómalas, y
derivado de importantes denuncias en los medios de comunicación, se han
encontrado y corroborado presuntas irregularidades en la enajenación a
particulares, de predios del dominio privado propiedad del Estado.
• Dichas irregularidades son
presuntamente atribuibles a la entonces Directora General del IPAE,
señora Claudia Romanillos VIllanueva, así como al entonces Gobernador
Roberto Borge Angulo, quien presidía el Comité del Patrimonio
Inmobiliario Estatal.
*Además de no existir expedientes
completos, las enajenaciones presentan graves irregularidades, ya que se
realizaron sin respetar la normatividad estatal y, sobre todo, se
fijaron precios de venta muy por debajo de su valor real. Entre los
adquirentes destacan familiares cercanos y personas vinculadas al
entonces Gobernador Roberto Borge Angulo.
• Dichas enajenaciones son por un total aproximado de 9,500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados.
• Para tener una dimensión de dicha
superficie, la misma equivale a 6 veces toda la zona hotelera de Cancún,
o bien, a 24 veces la superficie de Isla Mujeres.
• Estas enajenaciones impactaron
negativamente en las reservas territoriales en los municipios y
comprometen la planeación territorial de las zonas de uso habitacional,
comercial o turística.
• Solo para dar unos ejemplos, del
municipio de Puerto Morelos se enajenó el 60% de la reserva territorial,
es decir, lo equivalente a 1,528 hectáreas.
• Del municipio de Solidaridad, mejor
conocido por ser parte mayoritaria de la Riviera Maya o por su ciudad
Playa del Carmen, se enajenó el 52% de la reserva territorial, es decir,
lo equivalente a 990 hectáreas.
• Del municipio de Benito Juárez, mejor
conocido como Cancún, se enajenó el 36% de la reserva territorial, es
decir, lo equivalente a 937 hectáreas.
• Del municipio de Cozumel, se enajenó el 23% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 5,311 hectáreas.
• Del municipio de Tulum, se enajenó el 20% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 195 hectáreas.
Las denuncias hasta ahora presentadas, involucran 850 hectáreas, de las 9,500 con irregularidades detectadas.
• Es de gran relevancia destacar que,
tal y como se documentó en un reportaje televisivo de investigación,
algunos de los adquirentes irregularmente beneficiados y vinculados
laboral y profesionalmente con el ex gobernador Roberto Borge, son
también accionistas y empleados de una empresa naviera operadora de
servicios de transporte público marítimo en el Estado, misma que en los
últimos cuatro años aparentemente adquirió tres barcos con un valor en
el mercado, superior a los 7 millones de dólares americanos. Dicha
empresa, también está vinculada con familiares del ex gobernador Roberto
Borge.
Cabe señalar que el accionista y la
apoderada legal de dicha empresa naviera, y que al mismo tiempo se
comprobó que son adquirentes irregularmente beneficiados con predios a
bajo costo, aparentemente presentaron sus declaraciones fiscales en
ceros, es decir, declaran que no tuvieron ingresos y no tuvieron
egresos.
De la misma manera, no se cuenta con
información que acredite que la empresa cuenta con capital suficiente
para adquirir los referidos barcos.
• Como consecuencia de lo anterior, el
Gobierno del Estado ha iniciado los procedimientos administrativos de
responsabilidad correspondientes y presentó las denuncias respectivas
ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo, quienes se encuentran realizando las
investigaciones para el deslinde de las responsabilidades penales que
resulten.
• Es de esencial importancia que las
autoridades de procuración de justicia competentes, investiguen y
comprueben la procedencia de los recursos con que se compraron los
barcos y su situación fiscal ante las autoridades hacendarias.
El gobierno de Quintana Roo reitera su
absoluto compromiso con el combate a la corrupción y el freno a la
impunidad. Estamos atendiendo el reclamo social quintanarroense de
justicia. El que la hace la paga. Vamos a buscar recuperar los recursos
de los quintanarroenses con el fin de que haya más y mejores
oportunidades para todos.
