Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
El gobernador Rolando Zapata Bello anunció la puesta en marcha de una nueva estrategia en materia de seguridad “Escudo Yucatán”, que incluirá reformas a las leyes para “endurecer” las sanciones o penas a quienes incurran en actos de delincuencia. Era una impostergable necesidad, ante evidentes hechos que auguraban riesgos que implicarían que finalmente Yucatán pudiera perder su condición privilegiada de “entidad segura”.
Los últimos acontecimientos, asaltos a mano armada, robos a casa-habitación, encajuelados, detenciones por horas o intento de secuestro y extorsión, entre otros, habían puesto a temblar a varios importantes sectores de la sociedad. Llegó a ser “vox populi” en redes sociales el nuevo escenario de violencia que se estaba percibiendo en la localidad.
Aunado a ello, el desmantelamiento realizado en las últimas semanas a varias casas en donde se cultivaba y procesaba marihuana, así como detenciones en pleno circuito colonias de personas transportando drogas, o bien pastillas psicotrópicas, son asuntos que en el pasado, parecían lejanos a los ojos o preocupación de los yucatecos.
Desafortunadamente, lo que está ocurriendo en otras partes del país, la presión ejercida hacia grupos de la delincuencia organizada, han ocasionado la búsqueda de nuevas áreas para este tipo de gente, por lo que ponen sus ojos en Yucatán para cometer sus fechorías.
Era urgente, pues, que quienes gobiernan el Estado no permanecieran impasibles ante los acontecimientos, por lo que “Escudo Yucatán” surge como una estrategia que en realidad, lejos de ser una pose, represente un operativo organizado, bien estructurado, eficiente y profesional, que permita reducir al máximo los estragos que estos delincuentes puedan generar.
Habrá qué ver los términos de las iniciativas de ley para el supuesto “endurecimiento” de las sanciones o penas hacia quienes incurran en diferentes delitos.
Y también cómo se ajustan o encajan en medio de un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que privilegia la libertad antes que el encarcelamiento y que, a decir de muchos, podría representar que muchos delincuentes reincidentes estén en la calle. Cuestión de criterios aún sujetos a debate.
Lo importante y neurálgico de este nuevo esquema de seguridad, que también buscará incorporar áreas de la Fiscalía en coordinación o dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es qué tanto funciona y se aplica correctamente.
Además de todo, en carrera contra el tiempo, porque en cuanto a la seguridad y garantías hacia los ciudadanos no puede haber pausas ni demoras.
Sería atinado por parte del gobierno de Yucatán, independientemente del anuncio, ir clarificando hacia la misma sociedad de qué se trata este “Escudo Yucatán” y en qué parte o cómo puede o deberá participar la sociedad en su conjunto.
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De golpe y porrazo…
Trabajadores del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) protestaron para exigir la destitución de la directora Alicia Beatriz Canto Alcocer, a quien acusan de prepotente y de diferentes irregularidades.
Hace unos días, los empleados inconformes intentaron impedir que la funcionaria ingresara al Centro, pues querían cerrar las rejas a las 7 de la mañana; sin embargo, ella se enteró de la protesta y llegó a las instalaciones desde las 5 de la madrugada, encerrándose en sus oficinas.
Los trabajadores del Caimede se quejaron de que Canto Alcocer cuenta con un grupo cercano de cuatro maestras –que recientemente contrató- que le dan un trato prepotente al resto de personal, y a quienes le dan un sueldo elevado, mientras que decenas de empleados suplentes no cuentan con base desde hace años ni prestaciones.
Entre las irregularidades que denunciaron destacaron que la directora tiene a su disposición dos choferes a su servicio exclusivo y un vehículo del Caimede que usa todo el día.
Aseguraron que está ausente de la institución la mayor parte del tiempo, alegando que realiza diligencias ante el DIF estatal. De igual manera ha retirado de sus funciones a maestras con años de experiencia, enviándolas al área de la Casa Hogar.
No es la primera vez que trabajadores del Caimede se manifiestan en contra de los directivos. En el pasado incluso lograron que destituyan a la encargada de esa institución.
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Tremenda responsabilidad tendrán los diputados del Congreso del Estado, quienes deberán analizar y, en su caso aprobar, diferentes reformas a leyes en materia de seguridad pública, que presentará el gobernador Rolando Zapata Bello, como parte de su estrategia Escudo Yucatán.
El dilema no sólo se centrará en la discusión de los cambios a las leyes –entre las que destaca tipificar como delito grave el robo a casa-habitación y comercios, así como perseguir de oficio el abuso sexual de menores-, sino también aprobar un mecanismo institucional financiero para que el Ejecutivo acceda a mil 500 millones de pesos para comprar equipo tecnológico y logístico en favor de la seguridad.
El Gobernador requerirá del respaldo de los legisladores para que puedan anticiparse los recursos de fondos federales específicos de seguridad, hasta por 12 años y de esa manera obtener esa cantidad.
Se trata de algo muy similar aprobado –entre controversias- al final del año pasado, cuando el Gobierno de Yucatán pidió al Legislativo que se le “adelanten” mil 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para infraestructura educativa.
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El director estatal de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, negó que exista una cacería de brujas en contra de la empresa Uber, pero recalcó que la ley faculta a esta dependencia a retener los vehículos de particulares que ofrecen el servicio de transporte público sin tener concesión.
A pesar de estas declaraciones, el funcionario ha sido criticado severamente –principalmente en redes sociales- por cientos de usuarios, quienes lo acusan de perseguir a los choferes de dicha compañía, que no está a favor de la competencia en el servicio de la transportación, y que sólo quiere beneficiar a grupos de taxis organizados.
En ese contexto Humberto Hevia ha declarado que como dependencia encargada del transporte público no tienen injerencia alguna sobre lo que realiza Uber, ya que esa es una plataforma digital, pero en todo caso seguirán con las detenciones de particulares que ofrezcan un servicio ilegal.
Es decir, las sanciones no serán en contra de esa empresa, más bien los afectados serán los particulares que fueran socios de este nuevo esquema para prestar un servicio que no está contemplado en la Ley de Transporte.
Y en medio de esos dimes y diretes, dicho funcionario también niega que agrupaciones de concesionados de taxis estén presionando a la Dirección Estatal de Transporte para detener a los automóviles que operan con el sistema de Uber. Pero la realidad es que en el último mes han retenido y sancionado a ochos particulares, pero no queda claro si son socios o no de esa compañía.
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De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
