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Hace más de diez años que los militares salieron de los cuarteles a cumplir una tarea que no les corresponde…
Por Francisco Garfias
François Mitterrand, último estadista del siglo XX, solía decir que “lo que se mueve, inquieta”.
En esa reflexión podríamos ubicar la ausencia de un marco jurídico que establezca reglas claras sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. El Congreso está en deuda con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Hace más de diez años que los militares salieron de los cuarteles a cumplir una tarea que no les corresponde: perseguir capos y combatir el tráfico de enervantes en el país.
Lo hicieron sin paraguas jurídico alguno. “Legislación es lo que ha faltado. Eso nos ayuda mucho. Somos muy de reglas”, nos dijo un oficial de las Fuerzas Armadas.
En el sexenio pasado se hizo el intento de legislar la Ley de Seguridad Nacional para darles ese paraguas jurídico que requieren. En 2006, cuando la guerra al narco comenzó, bastó la orden del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón.
Diez años han pasado. No hay ganador. Lo que sí hay es sangre derramada por la violencia y decenas de miles de familias mexicanas —muchas de esas víctimas llamadas eufemísticamente “daños colaterales”—enlutadas. Pero también 460 militares muertos.
Ya lo dijo el general secretario Salvador Cienfuegos: las Fuerzas Armadas están “desgastadas”. No sólo eso.
Están lastimadas, dolidas por las críticas internas y externas —justas algunas, otras no— en materia de derechos humanos.
Los militares piden a gritos una ley que les indique claramente “qué se puede hacer y qué no”.
Por ahora se sienten en desventaja. La fuente de las Fuerzas Armadas nos puso, como ejemplo, la obligatoriedad que les imponen de mantener el principio de proporcionalidad.
“Si te tiran una piedra, hay que responder con una piedra, si te disparan una 22, tienes que replicar con una 22; si te avientan una granada, sólo entonces puedes responder con una granada”.
Una disposición que les parece absurda. “En un tiroteo reaccionas en un segundo. No te detienes a mirar con qué te están disparando. Te puede costar la vida”, ilustró la fuente.
Soldados y marinos salieron al campo de batalla porque la Policía Federal no se da abasto; los estatales y los municipales no le entran cuando saben que es crimen organizado. “Tenemos que entrarle, no hay de otra”, nos dijo.
Muy oportuno el documento que envió ayer la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Pone en blanco y negro el dilema que se le plantea al Congreso en el tema de la nueva Fiscalía General que deberá reemplazar a la PGR.
Llegó justo cuando se anuncian cambios en la Procuraduría. Sale Arely Gómez, quien va a la Función Pública. Entra el senador del PRI, Raúl Cervantes, ex aspirante a ministro de la SCJN.
El documento de WOLA subraya la importancia de evitar que el último procurador designado por el Presidente se convierta automáticamente en el primer fiscal general de la nación. Lo anterior se plantea en el transitorio décimo sexto de la reforma constitucional por la cual se crea la famosa Fiscalía General.
De todos es conocida la influencia política que el primer mandatario ha tenido sobre los distintos procuradores.
“Esa influencia permite que la investigación y persecución de delitos en México sea manipulada políticamente, y que las investigaciones no privilegien la reducción de la criminalidad o la justicia”, advierte el texto.
Raúl Cervantes será propuesto al Senado por el titular del Ejecutivo en breve. No es necesario destacar que no cubre el perfil de fiscal general autónomo que requiere México. Es priista, está vinculado al sistema y es el último procurador de Peña.
“Es necesario crear una fiscalía nueva, desde cero, con un fiscal autónomo, con perfil idóneo y un equipo de trabajo capaz de investigar delitos en forma seria y honesta.
“La alternativa, advierte, es transferir, ‘en automático’, al procurador general de la República y a todo el personal de la dependencia a la nueva fiscalía y arrastrar los vicios y prácticas que han llevado al colapso del sistema de justicia penal en México”, recalca WOLA.
En otra parte del texto hace referencia, sin nombrarlo, al extitular de la SEIDO, Tomás Zerón, acusado de participar en actos de obstrucción de la justicia en delitos de alto impacto, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
“No han sido debidamente investigados ni sancionados”, dice.
En la SCT se quedarán con las ganas de inaugurar el Viaducto Elevado a Cuernavaca este miércoles.
El jefe de Gobierno de la CDMX no recibió el visto bueno que esperaba de la empresa Ideal, de Carlos Slim, para echar a andar la obra. Tiene muy presente lo que le ocurrió a Marcelo Ebrard con Línea 12 del Metro. Su arquitecto le aconsejó esperar hasta el viernes próximo, pero no descarta que pueda ser el jueves.
Marcador en la expulsión de gobernadores corruptos: PRI, 1; PAN y PRD, 0.
