Revocación de mandato.
Por: Guillermo Vazquez Handall.
En diversas ocasiones hemos intentado analizar las
causas y el impacto de la crisis que actualmente enfrenta el sistema político
mexicano, desde el punto de vista de la operación gubernamental, como la de los
partidos políticos.
En ambos casos, el factor de coincidencia se
relaciona con el descrédito, por un lado el institucional y por el otro el
personal, específicamente de los integrantes de la clase política.
Independientemente de la complicidad entre ambos
segmentos, lo que resulta es una sensación generalizada de impunidad, que ha
terminado por minar la confianza en todo el sistema como tal.
La carencia de credibilidad atenta de manera directa
contra la calidad moral que es absolutamente necesaria para poder imponer
políticas públicas y más aún para el ejercicio de la autoridad.
Porque hoy ya no es suficiente con ganar una
elección para que el gobernante pueda desempeñar sus funciones con la
aprobación popular, ya que persiste una gran incongruencia entre lo que se ofrece
en campaña y lo que se realiza en la administración.
El problema no radica solamente en que los gobiernos
no cumplan sus promesas, sino en que se desempeñan haciendo exactamente lo
contrario para lo que fueron electos.
Eso y los cada vez más grandes y evidentes actos de
corrupción, que pareciera que nunca serán castigados, nos han llevado a una
situación en la cual, la sociedad ya no puede ni quiere creer en nada.
El problema es de origen porque la solución no está,
ni en la forma de elegir, o en cómo vigilar, denunciar, enjuiciar y castigar a
quien abusa del poder, sino en cómo se puede frenar de tajo estos
comportamientos.
Ninguna de las diversas propuestas que se han
expresado recientemente en los foros de análisis o en el seno de los propios
partidos políticos garantizan que cambiando la forma de elección o de
conformación de gobierno, como los gobiernos de coalición por ejemplo, puedan
evitar que un funcionario electo termine por ser incompetente o corrupto.
En todo caso, la única forma de limitar una
degeneración del ejercicio gubernamental es frenarlo contundentemente, para
ello la única vía posible es la revocación de mandato.
Pero esa es una alternativa que ninguna fuerza
política, a pesar del discurso, ha querido abanderar, porque al final de cuentas
eso supondría una transformación tan importante, que sin duda modificaría el
paradigma más importante del poder.
Un esquema de este tipo tendría que implicar que más
allá de las constantes reformas de orden político, se considerara en simultaneo
una suerte de modificación de estricto orden laboral.
Cambiar la percepción de la relación entre los
funcionarios públicos y la sociedad, considerando que los primeros son por
definición empleados de los segundos.
Es un formato tan sencillo que se puede entender
desde el hecho, de que ningún patrón está obligado a mantener a un empleado en
su puesto de trabajo si éste no desempeña adecuadamente su labor o le roba.
Que no existe en la ley laboral la obligatoriedad de
conservar a un empleado por tres o seis años según sea el caso, porque
anteriormente se haya firmado un contrato por esa duración, si en el transcurso
una de las dos partes incumple con sus obligaciones.
Es una analogía muy simple, los ciudadanos contratan
alcaldes por tres años, gobernadores y Presidente de la República por seis,
pero no tienen forma aun siendo sus patrones, de despedirlos anticipadamente.
Los ciudadanos les otorgan a sus gobernantes un
poder que va más allá de las facultades de quien los elige, esto coloca al
contratante en un estado de indefensión y eso es lo que provoca, que por encima
de la ineficiencia y la corrupción lo que impere sea la impunidad.
Si realmente existe una conciencia del agotamiento
de nuestro sistema vigente, antes de pensar en proponer soluciones más complejas
de lo que ya resulta la concepción del régimen en funciones, la solución radica
precisamente en atacar la esencia de ese poder absolutista.
La revocación de mandato, establecida como argumento
legal, proporcionaría la herramienta más extraordinaria para que la sociedad
pueda ratificar o remover de su encargo a funcionarios públicos electos.
Favorecería un desempeño mucho más eficiente y
congruente, ante el riesgo de ser calificados y destituidos sin que les ampare
una protección que tiende más al abuso que a la garantía.
En democracia deciden las mayorías, pero estas no
gobiernan, se limitan a escoger una forma de administración que en teoría les
representa, pero que lamentablemente en la realidad no lo hace.
Bajo esa misma lógica, esa colectividad tendría que
tener también la capacidad de cambiar de parecer sin estar sujeta a un contrato
que evidentemente le es desfavorable de origen.
Esa facultad debería ser tan importante como la de
elegir, sería sin duda el complemento necesario para poder aspirar a una
democracia realmente representativa.
