Organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y especialistas nacionales e internacionales solicitaron al Tribunal Colegiado de Yucatán revisar a fondo el proyecto de la granja avícola Akutzá, de Bachoco, que pretende instalarse en el municipio de Peto, ante la preocupación de que su operación pueda representar riesgos para el medio ambiente, el acuífero y el Sistema Lagunar de Chichankanab.
La petición fue presentada mediante un Amicus Curiae dentro del recurso de revisión del amparo 47/2025, promovido por ejidatarios de la región. Los habitantes buscan evitar que el caso sea desechado sin que antes se analicen los posibles impactos ambientales del proyecto, especialmente en una zona considerada vulnerable por las características del subsuelo de la Península de Yucatán.
De acuerdo con las organizaciones, antes de autorizar la operación de la granja debe acreditarse que el proyecto no provocará daños al entorno natural ni a los cuerpos de agua cercanos. En su planteamiento, señalaron que la responsabilidad de demostrar la viabilidad ambiental debe recaer en las autoridades y en la empresa, y no en las comunidades que buscan prevenir posibles afectaciones.
Uno de los principales puntos de preocupación es la naturaleza kárstica del suelo yucateco, que facilita la filtración de sustancias hacia acuíferos, cenotes y cuerpos de agua superficiales. Por ello, los promoventes consideran indispensable aplicar criterios de prevención y precaución antes de permitir el avance de un proyecto agroindustrial con posibles impactos ambientales.
El caso cobró relevancia luego de que, el pasado 12 de junio, magistrados aplazaran la discusión del proyecto de resolución. Según los promoventes, existe el riesgo de que el amparo sea desechado sin entrar al estudio de fondo de las preocupaciones planteadas por los ejidos ubicados en la zona del Sistema Lagunar de Chichankanab.
Las organizaciones advirtieron que una resolución en ese sentido podría sentar un precedente negativo para otras comunidades que buscan defender sus territorios, fuentes de agua y ecosistemas frente a proyectos con potencial impacto ambiental. También señalaron que trasladar la carga de la prueba a los habitantes limitaría el acceso efectivo a la justicia ambiental.
En el documento presentado ante el Tribunal, los firmantes hicieron referencia a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, al considerar que México tiene obligaciones en materia de protección ambiental y derechos humanos.
Finalmente, las organizaciones llamaron al Tribunal Colegiado a modificar el sentido del proyecto de resolución, reconocer el interés legítimo de los ejidatarios y garantizar que el amparo sea resuelto mediante un análisis integral. El objetivo, señalaron, es determinar si la granja avícola cumple con los estándares ambientales y de derechos humanos antes de que pueda avanzar su operación en el municipio de Peto.
