La violencia política en México ha vuelto a cobrar la vida de un servidor público. Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada junto a su esposo a plena luz del día frente a su casa. El ataque también dejó herido a su hijo de 17 años. Las autoridades confirmaron que se trató de un atentado directo, sin margen de duda: los agresores dispararon de manera inmediata al identificarlos, sin mediar palabra.
El crimen ocurrió la mañana del martes 17 de junio, en una de las regiones más conflictivas del estado, donde operan con fuerza los cárteles de la droga. Tepalcatepec ha sido durante años un punto de tensión permanente entre grupos armados, destacando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los llamados Cárteles Unidos, vinculados en su momento con figuras del crimen organizado como Juan José Farías, alias “El Abuelo Farías”. Cabe mencionar que algunos reportes señalan posibles vínculos familiares entre la alcaldesa y Farías, lo que ha intensificado las sospechas sobre las motivaciones detrás del ataque.
Este hecho no es aislado. Apenas días antes, otra alcaldesa —Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca— fue también asesinada en circunstancias similares. Con el caso de Mendoza Mendoza, suman ya seis alcaldes ejecutados en Michoacán desde que inició el actual sexenio, reflejando una situación crítica en cuanto a la protección y seguridad de autoridades municipales.
La impunidad en estos casos ha sido una constante. La fiscalía de Michoacán ha iniciado una investigación para determinar tanto la autoría material como los posibles móviles detrás del crimen, mientras crecen las voces que exigen un cambio estructural en los mecanismos de protección a funcionarios locales, sobre todo en municipios con fuerte presencia del crimen organizado.
La muerte de Martha Laura Mendoza no solo deja a un municipio sin su representante electa, sino que también lanza un mensaje inquietante sobre el riesgo de gobernar en regiones tomadas por la violencia. El ataque fue tan frontal como simbólico: ocurrió frente a su hogar, a plena luz del día y con su familia como testigo, lo que subraya la total ausencia de límites por parte de los perpetradores.
Este nuevo asesinato de una figura política vuelve a encender las alarmas sobre la fragilidad institucional en ciertas zonas del país, donde ejercer el poder municipal es casi un acto de resistencia frente a las estructuras delictivas. La sociedad exige justicia, pero también exige garantías: que ser alcalde no sea una sentencia de muerte.
