La reciente elección judicial celebrada el 1 de junio en Yucatán, parte de la reforma que permite por primera vez a la ciudadanía votar directamente por jueces y magistrados, ha quedado envuelta en una creciente controversia debido a múltiples denuncias de fraude, baja participación ciudadana y un proceso organizativo que ha sido calificado como apresurado e insuficientemente transparente.
El Instituto Nacional Electoral ha recibido al menos 29 denuncias formales relacionadas con la supuesta distribución masiva de “acordeones” o guías de voto entre la población. Estos materiales, según las denuncias, habrían sido utilizados para inducir el sufragio en favor de ciertos candidatos, lo cual comprometería la autenticidad de los resultados y pone en entredicho la imparcialidad del proceso. El INE ya ha iniciado una investigación para determinar el alcance de estas irregularidades y si se violaron principios fundamentales del proceso electoral.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la rapidez con la que se organizó la jornada electoral. A diferencia de los nueve meses que suelen emplearse en una elección federal convencional, en este caso se contaron solo con 74 días para planificar, estructurar y ejecutar todo el proceso en Yucatán. Esta premura fue calificada como un “desafío extraordinario” por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, que incluso solicitó un incremento presupuestal de 132.9 millones de pesos para poder cumplir con todos los requerimientos logísticos y operativos del evento.
La baja participación ciudadana ha sido otro factor que ha encendido las alarmas. Las estimaciones oficiales apuntan a que apenas entre el 12.5% y el 13.3% del padrón electoral emitió su voto. Diversos sectores, incluyendo representantes de la oposición política y miembros de la iniciativa privada, han interpretado esta escasa afluencia como una señal clara de desaprobación ciudadana hacia el nuevo sistema judicial electivo, señalando que la falta de información y la complejidad del proceso alejaron a los votantes de las urnas.
Esta combinación de denuncias por manipulación del voto, la organización exprés y la baja participación ha generado un escenario de desconfianza que amenaza con minar la legitimidad de las autoridades judiciales electas. La nueva estructura judicial en el estado, compuesta por cargos que hasta hace poco eran designados por el Poder Ejecutivo o por órganos colegiados, comienza su andadura bajo una sombra de dudas sobre su representatividad y legalidad.
En este contexto, diversas voces han exigido una revisión profunda del proceso, incluyendo auditorías técnicas, revisión del gasto público ejercido durante la elección, y una evaluación jurídica sobre la validez de los resultados. La ciudadanía, por su parte, demanda respuestas claras y medidas que garanticen que este nuevo modelo democrático no se convierta en una simulación.
El caso de Yucatán se ha convertido en un referente nacional sobre los retos que implica abrir el sistema judicial a la votación popular. Mientras se esclarecen las acusaciones y avanza la investigación, lo cierto es que la confianza en las instituciones y la solidez del proceso democrático en el estado penden de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de las autoridades para corregir, sancionar y prevenir.
