El Gobierno del presidente Donald Trump planea redirigir cerca de US$ 2.000 millones destinados a programas de salud global para cubrir los costos derivados del cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, según reportó CNN con base en un memorando obtenido por ese medio. La medida involucraría recursos aprobados por el Congreso para iniciativas relacionadas con malaria, tuberculosis, salud materno-infantil, nutrición, seguridad sanitaria global, VIH/SIDA y otros programas de asistencia médica internacional.
De acuerdo con la información divulgada, la administración también prevé redirigir aproximadamente US$ 1.200 millones originalmente asignados a asistencia para el desarrollo exterior. Esos fondos serían utilizados para cubrir gastos legales, facturas pendientes y procesos vinculados con la venta de activos tras el desmantelamiento de USAID.
El cierre de USAID forma parte de una reorganización más amplia de la asistencia exterior estadounidense impulsada por la administración Trump. En marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la cancelación de alrededor del 83 % de los programas de la agencia, equivalentes a unos 5.200 contratos, mientras que cerca de 1.000 programas restantes pasarían a ser administrados por el Departamento de Estado.
La decisión ha generado cuestionamientos entre organizaciones humanitarias, expertos en salud pública y sectores políticos que advierten sobre posibles efectos en la continuidad de programas esenciales en países que dependen de la cooperación estadounidense. Los recursos señalados estaban vinculados a enfermedades infecciosas, atención materna e infantil y seguridad sanitaria, áreas consideradas prioritarias para la prevención y respuesta ante crisis de salud pública.
El debate también se desarrolla en medio de disputas legales sobre el alcance del Poder Ejecutivo para congelar o reasignar fondos aprobados por el Congreso. En marzo de 2025, un juez federal determinó que la administración había excedido su autoridad constitucional al congelar gran parte del gasto humanitario y de desarrollo en el extranjero, aunque no ordenó restablecer todos los contratos cancelados.
Hasta el momento, la propuesta reportada representa un nuevo capítulo en la transformación de la política de ayuda exterior de Estados Unidos. Mientras el Gobierno sostiene que busca alinear la asistencia internacional con sus prioridades, críticos del proceso señalan que el uso de fondos sanitarios para cubrir el cierre de USAID podría afectar programas de salud global ya aprobados y comprometer la atención de poblaciones vulnerables.
