Washington, 12 de junio de 2025 – En un contexto de creciente represión migratoria en Estados Unidos, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han intensificado redadas en el estado de California, especialmente en zonas agrícolas donde laboran cientos de miles de trabajadores indocumentados. Organizaciones defensoras de derechos migrantes han denunciado múltiples operativos que, según informes, buscan cumplir con una cuota de 3 mil detenciones diarias impuesta por Stephen Miller, actual subjefe de personal en la Casa Blanca.
Las acciones de ICE incluyeron irrupciones en campos de cultivo de arándanos y otras instalaciones agrícolas, afectando a una población estimada en más de 255 mil trabajadores del campo sin documentos. También se reportaron detenciones en tiendas comerciales y gimnasios, así como casos de personas interceptadas en la vía pública, como un adulto mayor detenido en Downey tras dejar a su nieta en la escuela.
La Casa Blanca confirmó la detención de 330 personas en Los Ángeles desde el viernes pasado, mientras que las autoridades locales informaron sobre 20 arrestos por violaciones al toque de queda en la primera noche de restricciones. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó fuertemente los operativos, advirtiendo que su ciudad está siendo utilizada como “experimento nacional” para medir los límites del poder federal sobre jurisdicciones locales.
Pese a que las manifestaciones en rechazo a las redadas continuaron, el ambiente fue más tranquilo respecto a días anteriores. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron amaneceres pacíficos en el centro de la ciudad, con residentes retomando sus rutinas diarias.
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, pidió no sobredimensionar la situación, destacando que la mayoría de las protestas han sido pacíficas y que, en comparación con la población del condado, sólo una pequeña fracción ha participado activamente.
Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, se distanció de las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien calificó las protestas como una “invasión extranjera”. En una audiencia en el Senado, Caine negó la existencia de tal amenaza, reafirmando que no hay indicios de participación de actores estatales extranjeros.
Mientras tanto, la administración Trump argumentó ante un tribunal federal que limitar el uso de fuerzas militares para apoyar a agentes migratorios en Los Ángeles pondría en riesgo la seguridad nacional. En paralelo, soldados estadounidenses detuvieron a tres migrantes en una zona recientemente designada como área militar en la frontera con Nuevo México.
En otra decisión relevante, un juez federal prohibió la deportación del activista universitario Mahmoud Khalil, ordenando que su detención no puede basarse únicamente en una decisión del secretario de Estado Marco Rubio. La medida entrará en vigor el viernes, otorgando tiempo al gobierno para apelar.
Este endurecimiento de la política migratoria y el uso de fuerza militar en asuntos civiles ha generado críticas a nivel local, nacional e internacional, mientras crece la preocupación sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes en territorio estadounidense.
