Por: Joel Salas Suárez*.
Twitter: @joelsas
La corrupción es la enfermedad que más debilita al sistema de salud
mexicano. Las disparidades sociales y económicas se agravan al permitir que
intereses especiales capturen el ciclo de la política pública. Esto reduce la
capacidad de respuesta y la eficacia de dichas políticas, que operan como el
anticuerpo para la administración de la salud de México. La corrupción limita
el acceso justo y equitativo a los servicios públicos de los que más la
necesitan. En los últimos años se han visto casos graves de malversación de
recursos públicos, desde la adquisición de medicamentos genéricos a precios
superiores de los de patente, recursos del seguro popular desviados con fines
electorales, distribución de
medicamentos caducos en clínicas rurales, hasta quimioterapias falsas que
aplican soluciones de agua a niños con cáncer. Cada peso destinado a la
seguridad social que se pierde por posibles actos de corrupción va en
detrimento de la salud de los mexicanos.
A través del recurso de revisión RRA7726/18 un particular requirió al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) diversos datos sobre las asociaciones público privadas contratadas
para la construcción de hospitales. El INAI instruyó al ISSSTE atender la
solicitud mediante versión pública de los documentos que atienden la solicitud.
La información
pública sobre asociaciones público privadas a la que se refiere este recurso de
revisión es fundamental para que las autoridades federales y la población en
general evalúen las decisiones tomadas por el ISSSTE al utilizar este esquema
de desarrollo de infraestructura. Asimismo, al proporcionar cabalmente la
información que se le requirió, el ISSSTE podrá demostrar que lo utilizó con
estricto apego a los requerimientos técnicos, y que se aseguró que el
presupuesto disponible realmente fue destinado para garantizar la salud de los
mexicanos. Parafraseando a la actual titular de la Secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, “las asociaciones público privadas son un modelo de
desarrollo de infraestructura cada vez más socorrido, por ello es fundamental
asegurar que se contraten con total transparencia”.
Desde 2012 el esquema de asociaciones
público privadas se convirtió en un mecanismo de desarrollo de infraestructura para
promover la construcción de hospitales en México. Debido a los pocos hospitales públicos en el país la cobertura universal
no está garantizada. En el Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud 2016, la
Secretaría del ramo informó que el número de hospitales no ha aumentado desde
2011. El ISSSTE, con más de 12
millones de derechohabientes, administra -en conjunto con el IMSS- los
servicios de salud para más del 55% de la población. Si bien existe déficit de infraestructura,
un informe de Mexicanos Contra la Corrupción cuestiona la
utilización de esta modalidad de construcción. Algunos hospitales, dice el
informe, se construyen por razones políticas y en función de análisis
geográficos, demográfico o epidemiológico. Además, de los riesgos de posibles
actos de corrupción, el modelo actual de asociaciones público privadas no ha
mejorado la cobertura de servicios de salud pública. Según el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, hay 250 unidades médicas destinadas a la población que
están abandonadas. Por eso, el
nuevo gobierno federal anunció la rehabilitación
o recuperación de 57 hospitales que quedaron inconclusos o están abandonados en
diversos estados del país, mediante una inversión de hasta 10 mil millones de
pesos. Además, la OCDE recomienda a
México “seguir explorando la implementación de contrataciones abiertas en las
adquisiciones de salud y productos farmacéuticos” para incrementar la
transparencia y la divulgación de información en torno a las contrataciones
públicas del sector.
Al centro de la restructuración del sistema de salud,
tanto a nivel federal como estatal, debe existir una política de transparencia
proactiva que permita seguir cada peso y centavo destinado a la salud. Es la transparencia lo que puede garantizar el derecho a la salud de los
mexicanos. Es mediante el derecho de acceso a la información que se abren las
posibilidades de exigir la garantía del derecho a la salud, uno de los más
preciados por las personas porque de él depende en gran parte la vida.
*Joel
Salas Suárez
Comisionado
del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.
Twitter:
@joelsas
