Un juez federal de Estados Unidos ha expresado preocupación por la reciente deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, llevada a cabo por la administración del presidente Donald Trump. El juez James Boasberg ha solicitado explicaciones al gobierno sobre si estas deportaciones violaron una orden judicial previa que bloqueaba temporalmente tales acciones.
El sábado pasado, el juez Boasberg emitió una orden de restricción temporal de dos semanas que impedía la deportación de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. Sin embargo, informes indican que los vuelos con los deportados despegaron hacia El Salvador, lo que podría constituir una violación de la orden judicial.
La Casa Blanca ha defendido sus acciones argumentando que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre la autoridad del presidente para expulsar a enemigos extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación históricamente utilizada solo en tiempos de guerra. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de los deportados y compartió imágenes de su traslado al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca. Bukele comentó en redes sociales: “Upsie… Demasiado tarde”, en referencia a la orden del juez emitida después de la partida de los vuelos.
Este incidente plantea un posible conflicto constitucional entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos, y resalta las tensiones en torno a las políticas de inmigración y deportación de la actual administración.
