La Casa Blanca ha intensificado su presión política ante el bloqueo del Congreso en torno al presupuesto federal, anunciando potenciales despidos masivos de funcionarios públicos si no se alcanza un acuerdo. En medio de un cierre parcial del gobierno que afecta a cientos de miles de empleados, el Ejecutivo sugiere que algunos de ellos podrían no recibir su salario retroactivo si no cumplen con ciertas condiciones.
El presidente declaró recientemente: “Cuando se cierra el gobierno, hay que hacer despidos”, una afirmación que rompe con precedentes históricos, pues en cierres previos el personal suspendido recuperaba su paga una vez restablecida la actividad gubernamental. En esta ocasión, sin embargo, la Casa Blanca plantea que la decisión dependería “de quién estemos hablando”, una frase que sugiere criterios discrecionales en el reparto de fondos atrasados.
La administración responsabiliza a los demócratas por la parálisis en la aprobación del presupuesto, al tiempo que sostiene que aquel personal cuya labor “no se alinea con los valores del presidente” podría considerarse prescindible. Para ello, la Oficina de Administración y Presupuesto ha instado a las agencias federales a ejecutar planes de “reducción de personal” ante la posibilidad de un cierre prolongado.
Este escenario marca una diferencia sustancial con los cierres anteriores. Hasta ahora, las amenazas de despidos se traducen más en una estrategia de presión política que en medidas concretas, pues no se ha informado que ya se hayan materializado recortes permanentes. No obstante, el anuncio por sí solo refleja un giro más agresivo en el uso del presupuesto como recurso de negociación.
Además, el Ejecutivo ha congelado miles de millones de dólares destinados a proyectos estatales e infraestructura, particularmente en estados gobernados por demócratas, lo que refuerza la impresión de que la estrategia no es solo financiera, sino también política. Paralelamente, se mantiene la promesa de que el personal militar no será afectado: “Les daremos a nuestros militares hasta el último centavo”, dijo el mandatario al referirse a sus compromisos con las fuerzas armadas.
Este episodio subraya el creciente enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo estadounidense, en el cual la disputa presupuestaria no solo define la operatividad del gobierno, sino también los límites del poder presidencial en materia de gasto público.
