Por: Eduardo Ruíz-Healy
“Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un
aspirante a la Presidencia, va ser culpa mía…”.
Así se quejó el presidente Andrés Manuel López Obrador
durante su conferencia de prensa del miércoles pasado al referirse al hecho de
que muchos periodistas hemos dicho que es probable que alguien, inspirado por
sus ataques verbales contra determinadas personas, podría pensar que le está
haciendo un favor al presidente agrediendo físicamente a quien éste ha
posicionado no como un adversario sino como un acérrimo enemigo de la 4T y del
pueblo.
Yo he dicho que el AMLO debe moderar sus palabras porque
éstas tienen mucho peso y pueden ser mal interpretadas por alguna persona que
crea que le está haciendo un favor al lastimar o privar de su vida a alguien
que haya sido acusado desde Palacio Nacional de ser un conservador enemigo de
la 4T y por ello un traidor a la patria.
El mismo miércoles los 21 mandatarios locales morenistas y
el del PVEM hicieron eco de sus palabras y difundieron por redes sociales un
mensaje defendiéndolo de lo que califican como una campaña de desprestigio en
su contra.
En el segundo párrafo de su comunicado anotan que “diversas
voces y opinadores vinculados al viejo régimen y a la oposición de la Cuarta
Transformación han buscado sembrar temor, argumentando que la época de la
violencia política (que con mucho dolor y esfuerzo superamos las y los
mexicanos) pudiera regresar… sugieren
que ‘alguien’ podría atentar contra figuras de la oposición que han manifestado
intereses electorales o contra medios de comunicación que apoyan su visión
política”.
Lo que anotan los 22 firmantes es una simple repetición de
lo que dijo horas antes AMLO, pero mienten al asegurar que las y los mexicanos
ya superamos “con mucho dolor y esfuerzo” la época de violencia política.
Los números indican todo lo contrario.
En el Capítulo 10 del Atlas de la Seguridad y la Defensa de
México 2020, editado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con
Democracia (CASEDE), Rubén Salazar y Asael Nuche, director general y director
de Riesgos de Etellekt, respectivamente, anotan que “durante todo el proceso
electoral 2017-2018, entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018
(…) se perpetraron 774 agresiones que dejaron un saldo de 152 asesinatos de
actores políticos (funcionarios electos, dirigentes y militantes de partidos,
precandidatos y candidatos). En lo que respecta a la cifra de homicidios
dolosos, perdieron la vida en igual número de atentados, 28 precandidatos y 20
candidatos (…) Nuestro registro de información arrojó 278 intimidaciones y
amenazas; 152 homicidios dolosos; 125 lesiones dolosas; 64 tentativas de
homicidio; 59 atentados contra familiares; 38 asaltos; 31 secuestros, y 27
lesiones dolosas con arma de fuego”.
Y las cosas no mejoraron en 2021, puesto que en el proceso
electoral 2020-2021, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 6 de junio de 2021,
se registraron 1066 agresiones, 38% más que en el proceso 2017-2018. Si bien bajó
el número de asesinatos de políticos y aspirantes a un cargo, a 102 y 36
respectivamente (de 152 y 48 tres años antes), hubo más agresiones de otros
tipos.
La época de la violencia política no ha sido superada.
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