Facetas de México, por: Carlos Salazar Arriaga.
- Impactará las 60 cadenas de valor que dependen del maíz amarillo.
- Afectará los precios de la leche, huevo, pan, tortillas, harinas, carne de pollo, cerdo, res, embutidos, mantequilla, entre muchos otros más.
La política
Agrícola de México implementada por el actual Gobierno, está vetada para pequeños
y medianos productores y sus organizaciones que generan excedentes de alimentos
para compartir en el mercado y brindar seguridad alimentaria.
El divorcio
del interés en este tema tan estratégico y de seguridad nacional de ambos
actores (Gobierno y sector productivo) es evidente, a ello se suma el impacto
que tendrán las 60 cadenas valor que dependen del maíz amarillo importado de
EE.UU. que se dejará de importar por el decreto de diciembre del 2020, el cual
afectará la producción nacional de derivados alimenticios, alimentos
balanceados y sector pecuario donde se elaboran más 2000 derivados del maíz
amarillo.
Esto se verá
reflejado en el aumento de precios de los productos que del grano importado se
elaboran, sobre todo los de la canasta de alimentos de la familia mexicana cómo
el pan, leche, huevo, tortillas, harinas, refrescos, carne de pollo, cerdo,
res, embutidos, mantequilla, sazonador, aceite, manteca y un sinfín de
productos de consumo popular.
Esta política
pública actual en el sector agropecuario y rural, está orientada por un grupo
radical con evidente carga ideológica en una franca confrontación contra
quienes generan rentabilidad e invierten en una actividad de excesivos riesgos.
Esta
política influenciada por funcionarios públicos que sin recato y con evidentes
conflictos de interés, diseñan “seudo políticas” con orientación de “lucha de
clases”, asumiendo actitudes como militantes de organizaciones “ambientalistas fanáticas” que
dejan de lado el objetivo de la función pública de diseñar políticas para el
bien público, no el interés particular de minorías, pues se alejan de criterios
de objetividad como el beneficio costo social y económico de estas políticas
públicas, su impacto en los parámetros que miden la seguridad alimentaria, el
desarrollo social y el combate a la pobreza, la diseñan e influyen con
actitudes de cortesanos ante un poder ejecutivo cargado de egocentrismo y
confrontación, pero ignorante de los impactos que tendrá sus acciones de
política pública en el sector para los mexicanos, principalmente en lo
concerniente al combate a la pobreza, seguridad alimentaria y desarrollo rural
y agropecuario.
Se estima
que los impactos de esta política serán inflacionarios, de escasez y de
incremento de las importaciones, no sólo de productos básicos, sino de
productos alimenticios semielaborados y terminados, que se dejarán de producir
en México.
Ya se tuvo
que aplazar hasta el 2025 y se hizo una propuesta de modificación del decreto,
esto debido a las presiones de los Estados Unidos, pero sobre todo por la falta
de sustento tanto comercial como científico, principalmente por lo absurdo de
la medida contenida en el decreto.
De continuar
y no corregir el rumbo y seguir anteponiendo los criterios antes mencionados y
el electoral, tendremos en los próximos años una carestía imparable, trágica,
donde, no sólo el guajolote será caro, sino todo los demás derivados del maíz
amarillo que comemos cotidianamente en la mesa, lamentablemente perjudicará a
los más pobres.
