El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU ha iniciado una investigación sobre el presunto fraude electoral ocurrido en las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024, tras una denuncia presentada por un grupo de abogados. Este comité ha exigido al gobierno de Venezuela que conserve las actas de escrutinio y otros documentos clave relacionados con el proceso electoral, en el marco de las medidas provisionales urgentes dictadas mientras se lleva a cabo la investigación.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH y uno de los abogados que presentó la denuncia, confirmó la apertura del caso y la solicitud de preservación de los materiales electorales. Los abogados argumentan que las elecciones fueron marcadas por un fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricciones al voto en el extranjero, obstrucción del control ciudadano y violaciones al acceso a la justicia. La denuncia también alega que el presidente Nicolás Maduro no fue elegido de manera legítima y que su reelección podría consumarse el 10 de enero de 2025.
En la denuncia, que aboga por medidas provisionales, los abogados mencionan los daños irreparables que podrían ocurrir si se destruyen los materiales electorales, y señalan que el fraude no solo afectó a candidatos, sino a millones de venezolanos, especialmente aquellos en el extranjero, que no pudieron ejercer su derecho al voto. De los 5.5 millones de venezolanos en el exterior, solo una fracción pudo votar, lo que, según los denunciantes, alteró significativamente los resultados.
Los abogados celebraron la apertura del caso como un “avance crucial” en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, confiando en que este proceso podría llevar a una decisión histórica que declare a Maduro como no electo.
