El Congreso de México aprobó el lunes 3 de julio de 2025 una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con 417 votos a favor y 60 en contra, y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. Esta reforma incorpora una modificación a la Ley General de Población que establece una nueva CURP biométrica con rostro, iris, huellas dactilares y otros datos como parte de la Plataforma Única de Identidad (PUI).
Según el dictamen, toda persona deberá contar con esta CURP actualizada para realizar trámites públicos y privados. Además, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional, el INE y otras autoridades tendrán acceso directo y sin restricción a esta base de datos biométricos, de identificación y forenses, así como al Banco Nacional de Datos Forenses, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Alerta Nacional de Búsqueda. Este tipo de acceso, según el dictamen, no requiere autorización judicial previa ni supervisión externa.
Organizaciones y activistas han manifestado su preocupación. María Luisa Aguilar, directora del Centro ProDH, señaló que “la ley que se aprobó no toca el tema del rezago forense. Hay más de 72 000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado”. A su vez, indicó que en México existen 129 887 personas desaparecidas y no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda.
El abogado Luis Fernando García, experto en tecnología y derechos humanos, criticó que esta reforma “no tiene absolutamente nada que ver con búsqueda de personas desaparecidas e implican la construcción de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México”. Explicó que la ciudadanía se verá obligada a entregar datos biométricos para acceder a casi cualquier trámite, y advirtió que las autoridades como el CNI podrán acceder sin control judicial a esta información, incluso mediante inteligencia artificial, sin mecanismos de auditoría o transparencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma y afirmó que “el Gobierno no va a espiar a nadie (…) lo que queremos es construir un país seguro y en paz, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes”.
No obstante, Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, declaró que las reformas no incluyen una estrategia integral de prevención ni erradicación de las desapariciones, y refutó que la ONU haya recomendado crear una cédula de identidad biométrica: “la privacidad de las personas en México está completamente en riesgo bajo el disfraz o el pretexto de combatir la desaparición”.
Desde el Congreso, diputados de la oposición también alzaron la voz. Amalia García, de Movimiento Ciudadano, aseguró que “se vulneran los derechos humanos y no se garantiza la protección de los datos personales”. En contraste, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena, calificó la reforma como una respuesta “urgente y humanista” y sostuvo que “hoy, con el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, comienza a atenderse con responsabilidad, sensibilidad, empatía y compromiso con el pueblo”.
Colectivos de buscadores de personas desaparecidas han rechazado la reforma. Uno de ellos, Glorieta de las y los Desaparecidos, expresó en X: “decimos que la iniciativa no es una reforma para buscar a las personas desaparecidas y rechazamos el uso político de nuestro dolor por parte del gobierno federal”. Los colectivos advierten que la concentración de datos en una sola plataforma, sin control, pone en serio riesgo la privacidad y los derechos ciudadanos.
