Arabia Saudita ejecuta a cinco etíopes por contrabando de cannabis sin notificar a sus familias

Arabia Saudita ejecutó el 23 de junio a cinco ciudadanos etíopes condenados por introducir cannabis de contrabando, sin avisar previamente a sus familias ni devolver los cuerpos tras la ejecución, llevada a cabo en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, al sur del reino.

La retención de los restos agrava el daño a los deudos. Duaa Dhainy, investigadora principal de la Organización Saudí-Europea para los Derechos Humanos (ESOHR), advirtió que «la negativa a devolver un cuerpo no es una mera cuestión administrativa: extiende el castigo a la familia de la persona ejecutada». Por su parte, Nazila Ghanea, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre libertad de religión o de creencias, calificó la presunta práctica saudí de retener cadáveres como «tortura y abuso».

Kibrom Kinfe Aregawi tenía 25 años cuando fue ejecutado. Había cruzado ilegalmente a Arabia Saudita en 2023, tras huir de la guerra civil en Etiopía atravesando Yemen a pie. Fue detenido en la frontera, acusado de tráfico de drogas y, según relató su padre Kinfe Aregawi, condenado a muerte en apenas tres meses de proceso. «Me enteré de su muerte a través de las redes sociales», declaró el padre. Ni el certificado de defunción, ni las pertenencias, ni el cuerpo fueron entregados a la familia.

Tsigabu Gebremariam, de 26 años, fue ejecutado el mismo día y en la misma prisión. Era el mayor de ocho hermanos y procedía de una zona rural de la región de Tigray Central. Abandonó su hogar a los 18 años huyendo de la pobreza y del conflicto armado. La última comunicación con su familia se registró en febrero, cuando prometió que volvería pronto para casarse. Su madre, Letechristos Gebretsadik, cumplió el tradicional luto ortodoxo de 40 días ante un ataúd vacío.

Arabia Saudita ejecutó a 116 personas entre enero y el 27 de julio, según datos de Human Rights Watch (HRW), lo que la sitúa entre los países con mayor número de ejecuciones del mundo, solo por detrás de China e Irán. Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2024 reveló que el 75% de los ejecutados por delitos relacionados con narcotráfico son ciudadanos extranjeros. Dhainy señaló que redes criminales explotan sistemáticamente a personas en situación de vulnerabilidad para el trasiego de sustancias.

Para los cristiano ortodoxos etíopes, el entierro formal del cuerpo es un elemento central del rito funerario: el difunto debe ser envuelto en un sudario y depositado en un ataúd de madera. Esa ceremonia fue imposible para ambas familias. Los padres de Tsigabu exigen que las autoridades sauditas presenten pruebas del delito y que expliquen si su hijo fue manipulado por terceros. Los padres de Kibrom reclaman lo mismo y aguardan aún una respuesta oficial del gobierno del reino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía no había emitido pronunciamiento público sobre el caso hasta el cierre de esta edición. Arabia Saudita tampoco ha respondido a las solicitudes de explicación formuladas por organizaciones de derechos humanos. La organización Reprieve MENA, que defiende a personas víctimas de abusos graves, sigue activa en la documentación de casos similares con el objetivo de presionar a Riad para que modifique su política de repatriación de restos.