China responde a Estados Unidos y sanciona a seis entidades por el conflicto en Xinjiang
China anunció la imposición de sanciones contra seis entidades estadounidenses como respuesta a las restricciones adoptadas por Washington contra decenas de compañías chinas presuntamente relacionadas con prácticas de trabajo forzoso en la región de Xinjiang.
El Ministerio de Comercio de China informó que las organizaciones fueron incorporadas a una lista de contramedidas, por lo que las empresas, instituciones y particulares ubicados dentro del territorio chino tendrán prohibido realizar transacciones, establecer acuerdos de cooperación o desarrollar cualquier otra actividad comercial con ellas.
La decisión entró en vigor este miércoles 5 de agosto y afecta a Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité y Human Rights in China.
Las entidades sancionadas realizan actividades relacionadas con la trazabilidad de productos, la revisión de cadenas de suministro, las auditorías laborales y la defensa de los derechos humanos. Este tipo de servicios es utilizado por compañías y autoridades estadounidenses para identificar posibles vínculos comerciales con empresas establecidas en Xinjiang.
De acuerdo con el gobierno chino, las seis organizaciones colaboraron o respaldaron las restricciones impuestas por Estados Unidos contra compañías del país asiático. Pekín sostiene que estas acciones vulneran su soberanía, afectan su seguridad nacional y perjudican sus intereses de desarrollo económico.
Las sanciones chinas se producen después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incorporara a 43 compañías de China a la lista de entidades sujetas a restricciones bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.
Con esta ampliación, el listado estadounidense alcanzó las 187 entidades. La legislación establece la presunción de que los productos fabricados total o parcialmente por las empresas incluidas están relacionados con trabajo forzoso, por lo que su ingreso al mercado estadounidense puede ser bloqueado, salvo que los importadores logren demostrar lo contrario.
Washington acusa a las autoridades chinas de someter a integrantes de la comunidad uigur y de otros grupos minoritarios a programas coercitivos de trabajo, vigilancia y traslado de población en Xinjiang. El gobierno de China rechaza estas acusaciones y asegura que sus políticas en la región tienen como objetivo combatir el extremismo, generar empleos y promover el desarrollo económico.
El Ministerio de Comercio chino consideró que las medidas tomadas contra las entidades estadounidenses son moderadas en comparación con las restricciones impuestas por Washington. Asimismo, solicitó al gobierno estadounidense retirar las sanciones contra las compañías chinas y advirtió que podría adoptar nuevas acciones si continúan las limitaciones comerciales.
Pekín también acusó a Estados Unidos de utilizar los derechos humanos como una herramienta de presión económica y de apartarse de los acuerdos alcanzados entre ambas naciones para estabilizar sus relaciones comerciales.
El nuevo intercambio de sanciones demuestra que las diferencias entre las dos mayores economías del mundo continúan presentes, pese a los intentos diplomáticos por reducir las tensiones. China y Estados Unidos han mantenido conversaciones para ampliar la cooperación, pero también han incrementado las restricciones relacionadas con tecnología, comercio, defensa, seguridad nacional y cadenas de suministro.
Las medidas podrían afectar especialmente a las organizaciones dedicadas a verificar el origen de productos y materias primas. La prohibición de colaborar con empresas o instituciones chinas limita su capacidad para recopilar información, realizar auditorías y analizar cadenas de suministro dentro del país asiático.
El conflicto también incrementa la incertidumbre para las compañías internacionales que mantienen operaciones en China y Estados Unidos. Estas empresas enfrentan mayores exigencias para comprobar el origen de sus productos, identificar a sus proveedores y evitar relaciones comerciales con entidades sancionadas por cualquiera de los dos gobiernos.
La disputa por las acusaciones de trabajo forzoso en Xinjiang se suma así a una relación bilateral marcada por restricciones comerciales, controles tecnológicos y desacuerdos en materia de derechos humanos. Aunque ambas potencias han manifestado su intención de evitar una escalada, el intercambio de sanciones refleja la fragilidad del acercamiento y anticipa nuevos episodios de tensión económica.