Comunidad venezolana en Doral, Florida, restringe su vida ante operativos de ICE

Familias venezolanas de Doral, en el condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, modificaron sus rutinas diarias desde junio de 2025 ante la presencia constante de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las calles de esa ciudad. María, nombre ficticio de una mujer de 52 años que solicitó proteger su identidad por temor a represalias, relató que dejó de caminar por el parque cercano a su casa y abandonó sus actividades sociales para reducir el riesgo de un encuentro con las patrullas.

Doral concentra la mayor población venezolana de Estados Unidos y se ha convertido en uno de los puntos con mayor vigilancia migratoria del país, en el marco de la política del presidente Donald Trump de ejecutar lo que su gobierno describe como el mayor operativo de deportación en la historia estadounidense. La situación afecta directamente a solicitantes de asilo que, pese a contar con procesos legales activos, temen ser detenidos antes de una resolución judicial.

María y su familia llegaron a Miami en 2019 y solicitaron asilo afirmativo, una figura legal que en teoría los protege de la deportación mientras esperan una entrevista con un oficial de migración o la decisión de un juez. Su caso permanece activo, pero aún no ha recibido fecha de entrevista, según relató la propia solicitante. El temor se agudizó después de que agentes de ICE detuvieran a su primo en Orlando en junio de 2025, pese a que él también contaba con un caso de asilo afirmativo en trámite.

Para monitorear a su esposo y sus hijas, María instaló una aplicación de rastreo en los teléfonos de la familia y consulta portales como iceout.org antes de salir de casa, con el fin de verificar reportes sobre el paradero de las patrullas migratorias en la zona. Evita conducir por temor a que las autoridades vinculen su estatus migratorio con la placa de su vehículo y depende de otras madres, algunas con ciudadanía estadounidense, para llevar a su hija a la escuela.

La familia decidió permanecer en Estados Unidos tras un episodio de violencia en Caracas: hombres armados obligaron al esposo de María, bioanalista en un laboratorio privado, a realizar exámenes médicos bajo amenaza durante un apagón nacional. Días después, el hermano del esposo fue secuestrado y los agresores preguntaron por él, lo que la pareja atribuye, sin poder confirmarlo, a la presunta actuación de colectivos afines al chavismo.

La presión constante derivó en afectaciones físicas para María, quien describió episodios de parálisis facial parcial y un tic ocular que se intensificó desde la llegada de los operativos a Doral. "Ya no puedo más con esto, no me estoy sintiendo bien", relató en entrevista telefónica, al comparar su experiencia actual con la ansiedad que vivía en Caracas durante la ola de secuestros exprés que la impulsó a emigrar.