De decomiso histórico a error: Sheinbaum reconoce que 59 millones de litros de combustible eran legales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este miércoles 21 de octubre que los 59 millones de litros de combustible asegurados en septiembre pasado en Guanajuato no eran de procedencia ilícita, contrario a lo que inicialmente habían informado las autoridades federales. El operativo, presentado en su momento como uno de los mayores golpes contra el robo y contrabando de hidrocarburos en el país, quedó desestimado como un caso de huachicol tras las investigaciones correspondientes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las indagatorias necesarias para determinar la procedencia del combustible almacenado en instalaciones de la empresa Grupo Simsa, ubicadas en el municipio de San José Iturbide.
De acuerdo con Sheinbaum, las investigaciones permitieron establecer que la compañía contaba con los permisos correspondientes para operar y almacenar hidrocarburos. Sin embargo, se identificaron algunas irregularidades relacionadas con el transporte de combustible hacia las instalaciones, las cuales fueron atendidas y solventadas por la empresa.
“En realidad había algunos asuntos ilegales del transporte que estaba entrando al lugar”, señaló la presidenta, quien agregó que la compañía resolvió las observaciones realizadas por las autoridades.
La mandataria descartó que el combustible asegurado formara parte de una operación de huachicol fiscal y sostuvo que será la propia FGR la encargada de proporcionar mayores detalles sobre las conclusiones de la investigación.
El caso comenzó en septiembre, cuando autoridades federales realizaron un cateo en una terminal de almacenamiento localizada en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide. Durante la intervención fueron identificados aproximadamente 59 millones de litros de gasolina y diésel, distribuidos en una instalación que contaba con 10 tanques de almacenamiento.
El aseguramiento fue dado a conocer públicamente el 17 de septiembre y presentado como una operación de gran relevancia en el combate al tráfico ilegal de combustibles. No obstante, desde los primeros días surgieron cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y la falta de claridad respecto al origen de los hidrocarburos.
Grupo Simsa rechazó las acusaciones y aseguró que sus operaciones se desarrollaban conforme a la legislación vigente. La empresa explicó que sus instalaciones prestaban servicios de almacenamiento a compañías autorizadas para comercializar combustibles y que contaba con la documentación necesaria para acreditar la procedencia de los productos.
La controversia también provocó consecuencias dentro de la representación estatal de la FGR. Juan Francisco Vera Ayala, quien encabezaba la delegación del organismo en Guanajuato, fue separado de su cargo después de que se identificaran anomalías relacionadas con el procedimiento.
Entre los aspectos cuestionados se encontraba el tiempo transcurrido entre la realización del cateo y su anuncio público, así como la falta de verificaciones documentales suficientes antes de presentar el aseguramiento como un golpe contra el huachicol.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya había señalado anteriormente que las autoridades debían revisar la documentación entregada por las empresas involucradas para esclarecer el origen y la situación legal del combustible.
Con la aclaración realizada por Sheinbaum, el operativo que inicialmente fue difundido como un decomiso histórico adquiere una dimensión distinta, al confirmarse que los hidrocarburos almacenados contaban con un origen legal y que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con aspectos específicos de su transporte.
El caso también pone bajo cuestionamiento los mecanismos utilizados para verificar la legalidad del combustible antes de anunciar públicamente resultados de operativos federales, particularmente cuando se trata de aseguramientos de gran magnitud.
Aunque la presidenta dio por esclarecida la procedencia de los 59 millones de litros, todavía corresponde a la FGR ofrecer una explicación detallada sobre las actuaciones de los servidores públicos involucrados, las irregularidades detectadas durante el procedimiento y las posibles responsabilidades derivadas del operativo.
La rectificación representa un cambio significativo frente a la versión presentada en septiembre, cuando el aseguramiento fue anunciado como un avance histórico contra el mercado ilegal de hidrocarburos. Ahora, las propias autoridades federales reconocen que el combustible tenía procedencia legal y que no se trataba del caso de huachicol que originalmente se había señalado.