Denuncia de abuso en un liceo naval expone la violencia sexual entre escolares en Perú
La denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en Lima, ha generado conmoción en Perú y ha vuelto a poner bajo atención la violencia sexual entre estudiantes. De acuerdo con CNN en Español, los hechos habrían ocurrido dentro de un autobús escolar cuando un grupo de alumnos regresaba de un torneo de fútbol. La Fiscalía peruana inició una investigación contra varios adolescentes y un juzgado de familia ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de ellos mientras continúan las diligencias.
El caso también ha abierto cuestionamientos sobre la actuación de los adultos responsables del traslado. Autoridades educativas señalaron que en el vehículo se encontraban entrenadores y se investiga si existieron omisiones en los protocolos de protección y denuncia. La Marina de Guerra del Perú decidió separar temporalmente de sus cargos a la directora del colegio, un docente y el entrenador de fútbol mientras avanzan las investigaciones. La institución ha señalado que colabora con las autoridades y que aplicará las medidas disciplinarias correspondientes en caso de comprobarse responsabilidades.
Más allá de este caso, las cifras muestran que la violencia sexual entre escolares representa un problema de mayor alcance en Perú. Entre enero y agosto de 2026, el sistema SíseVe registró 1,183 reportes de violencia sexual entre estudiantes de primaria y secundaria, de los cuales 848 correspondieron al nivel secundario. Dentro de esos registros se contabilizaron 77 casos clasificados como violación sexual. En 2024 se reportaron 1,745 casos de violencia sexual entre escolares y en 2025 fueron 1,697, lo que refleja que no se trata de hechos aislados.
El Poder Judicial también ordenó medidas de protección para el adolescente denunciante, entre ellas la prohibición de contacto por espacios privados o redes sociales con los presuntos agresores y atención psicológica obligatoria para los investigados. Mientras la Fiscalía busca determinar las responsabilidades individuales y las posibles omisiones de quienes tenían a los estudiantes bajo su cuidado, el caso ha colocado nuevamente en el centro del debate la capacidad de las instituciones educativas para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia sexual entre menores.