Desalojan a mujer de 87 años en Madrid tras siete décadas de alquiler en el mismo piso

Una mujer de 87 años, identificada como Maricarmen, fue desalojada el miércoles 23 de septiembre de un piso de 92 metros cuadrados en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid, donde había vivido desde 1956 bajo un contrato de renta antigua.

El caso ha puesto en evidencia la crisis de acceso a la vivienda en España y el conflicto legal en torno a los llamados contratos de renta antigua, firmados durante la dictadura franquista (1939-1975), que fijaban rentas muy por debajo del precio de mercado y podían transmitirse a familiares del inquilino original bajo reglas especiales.

En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a la empresa Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el inmueble por 247.000 euros (unos 282.000 dólares), oferta que ella rechazó por no poder costearla. Renta Corporación vendió entonces la vivienda a la empresa Urbagestión, actual propietaria, que reclamó primero 2.650 euros mensuales (unos 3.018 dólares) y luego planteó una renta de 1.650 euros (1.879 dólares).

Esa última cifra superaba en 300 euros la pensión mensual de 1.350 euros que recibe Maricarmen, quien, según su abogada, Beatriz Duro, siguió pagando la renta original de 500 euros y nunca se negó a cubrirla. El Tribunal Supremo determinó que el contrato no podía prolongarse indefinidamente por tratarse de una segunda sucesión, tras la muerte del padre de Maricarmen y, después, de su madre en 2005. «Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado», criticó Duro.

Los tribunales habían aplazado en tres ocasiones anteriores la ejecución del desahucio antes de fijar la fecha definitiva para el miércoles. Ese día, la comisión judicial ingresó al inmueble desde temprana hora y sacó a Maricarmen en camilla, dado que la mujer tiene movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50%. Fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón, donde tras una revisión médica decidió alojarse con familiares en lugar de una residencia temporal ofrecida por la Comunidad de Madrid.

Decenas de activistas acamparon la noche previa frente al edificio y, la mañana del desalojo, cientos de personas se congregaron para bloquear el portal y las escaleras coreando consignas de apoyo a la inquilina. La policía acordonó la calle y retiró a manifestantes y periodistas de la entrada, donde hubo cargas contra activistas que denunciaron golpes y el uso de gas pimienta. En un video difundido en redes sociales, Maricarmen agradeció el respaldo recibido frente a lo que calificó como "una lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero".