Desalojan en Madrid a una mujer de 87 años tras 70 en su vivienda pese a pedido de la ONU

Una comisión judicial ejecutó el miércoles el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda que habitaba desde hacía 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid. La operación se realizó pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había decretado meses antes medidas cautelares para suspender el procedimiento.

El caso se convirtió en símbolo de la crisis habitacional española, donde el precio de los alquileres ha subido de forma sostenida por la escasez de oferta, el crecimiento poblacional en las grandes ciudades y la presión de los alquileres turísticos de corta duración. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se registraron más de veinticinco mil desahucios en el país.

La propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, obtuvo un fallo judicial favorable tras un litigio de varios años y ejecutó el cuarto intento de desalojo contra Abascal. Frente al edificio, un dispositivo policial disolvió una acampada de unas cuatrocientas personas que se concentraron para impedir la medida, sin lograrlo.

El relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, Koldo Casla, cuestionó la decisión judicial y afirmó: «No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa». Casla añadió que la jueza «debería haberlo suspendido para evitar un daño irreparable». El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el desalojo de «tragedia» inaceptable.

La vivienda estaba sujeta a un régimen de renta antigua, contratos firmados durante la dictadura franquista (1939-1975) con normas especiales de precio y transmisión familiar. El contrato original de la casa lo firmaron los padres de Abascal en 1956, con una renta que se mantuvo históricamente baja, de unos 570 dólares mensuales.

El edificio fue comprado en 2018 por el grupo inmobiliario Renta Corporación, que ofreció a Abascal adquirir la vivienda por unos 290.000 dólares, monto inalcanzable para su pensión, que no supera los 1.500 dólares. Dos años después, Urbagestión adquirió el inmueble y solicitó a la anciana un alquiler cercano a los 3.000 dólares mensuales.

Urbagestión, constituida en 2005 durante la burbuja inmobiliaria española y con solo siete empleados según registros mercantiles, describe entre su actividad la compra de edificios, el desalojo de inquilinos y su posterior reforma para revalorización. La empresa no respondió a solicitudes de contacto ni ejerció su derecho de réplica sobre el caso.