El día que yo regresaré Atentamente: el Estado de Derecho

Hay ausencias que se sienten.

La ausencia de un ser querido. La ausencia de una respuesta. La ausencia de justicia.

Pero hay una ausencia particularmente peligrosa para una sociedad: la ausencia del Estado de Derecho.

Porque cuando el Estado de Derecho se ausenta, el vacío no permanece vacío. Alguien termina ocupándolo. A veces, la fuerza; otras, la presión social, el privilegio, la impunidad o, en el peor de los casos, la justicia por propia mano.

Lo ocurrido recientemente en el periférico de Mérida debería obligarnos a reflexionar más allá del acontecimiento inmediato.

La invasión de un inmueble, cuando concurren los elementos previstos por la legislación penal, constituye el delito de despojo. Y hay algo que debería ser elemental: la conducta ilícita de una persona no puede convertirse, por el simple transcurso del tiempo, en fuente legítima de derechos.

Nadie puede beneficiarse de su propio dolo o culpa.

Es uno de esos principios que parecen tan evidentes que no necesitarían ser explicados. Sin embargo, cuando la realidad comienza a desdibujar las fronteras entre lo lícito y lo ilícito, conviene recordarlos.

Porque si invadir funciona; si ocupar ilegalmente produce ventajas; si bloquear genera beneficios; si resistirse a la autoridad termina siendo una estrategia eficaz; entonces el mensaje que recibe la sociedad es devastador: la Ley deja de ser el camino y la presión se convierte en el método.

Y ahí comienza el verdadero problema.

No se trata únicamente de determinar quién tiene la razón en un conflicto particular. Se trata de saber si las instituciones están dispuestas a hacer valer la Ley cuando corresponde, sin esperar a que el problema crezca hasta convertirse en crisis.

La autoridad tiene la obligación de actuar dentro del marco jurídico. Si existe una conducta delictiva, debe investigarse. Si existe una orden judicial, debe cumplirse. Si se invade un inmueble, deben utilizarse los mecanismos legales para restituir la posesión a quien legítimamente corresponda.

Y si, además, se impide el libre tránsito por una vía pública, la autoridad tampoco puede simplemente mirar hacia otro lado.

El derecho a manifestarse no puede confundirse con un supuesto derecho a afectar indefinidamente los derechos de terceros.

Quien queda atrapado durante horas en una vía bloqueada también tiene derechos. El trabajador que no llega a su empleo, el enfermo que necesita trasladarse, el estudiante que pierde una clase, el comerciante que pierde una jornada de trabajo o la persona que simplemente necesita circular también forman parte de esa sociedad cuyos derechos el Estado está obligado a proteger.

El Estado no puede convertirse en espectador de los conflictos que tiene la obligación constitucional y legal de atender.

Porque la omisión también tiene consecuencias.

Cuando una autoridad permite que una conducta ilícita se prolongue indefinidamente, el problema no desaparece. Se agrava.

Y cuando la ciudadanía observa que la Ley no se aplica oportunamente, comienza a aparecer una peligrosa pregunta:

¿Y si tenemos que resolverlo nosotros mismos?

Esa pregunta es, quizá, mucho más grave que el conflicto original.

Porque la justicia por propia mano no nace de la noche a la mañana. Muchas veces comienza con una percepción: la percepción de que la autoridad no escucha, no actúa o llega demasiado tarde.

Después viene la frustración.

Luego, la confrontación.

Y finalmente, la sustitución de la autoridad por la fuerza.

Ese es el momento en que una sociedad comienza a perder algo mucho más importante que la tranquilidad de una jornada: comienza a perder la confianza en sus instituciones.

Por eso, la aplicación oportuna de la Ley no es un acto de autoritarismo.

Todo lo contrario.

Es una de las formas más importantes de proteger las libertades.

El Estado de Derecho no significa que el gobierno pueda hacer lo que quiera. Significa precisamente lo contrario: que todos —gobernantes y gobernados— estamos sometidos a la Ley.

También quienes protestan.

También quienes reclaman.

También quienes ocupan.

También quienes bloquean.

Y también quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la Ley.

La autoridad no puede ser selectiva.

No puede ser firme cuando le resulta políticamente cómodo y tolerante cuando la aplicación de la Ley genera presión.

Porque la Ley que solamente se aplica cuando no hay conflicto no es una Ley fuerte.

Es una Ley ausente.

Y quizá por eso el título de esta columna sea una pequeña ficción.

Imaginemos que algún día, después de que hayan pasado los bloqueos, las invasiones, los enfrentamientos y las controversias, alguien encuentre una carta sobre el escritorio de las instituciones.

Dirá:

“El día que yo regresaré”.

Y al final, una firma:

Atentamente: el Estado de Derecho.

Pero el Estado de Derecho no debería regresar.

Nunca debió irse.

Porque cuando se aplica la Ley a tiempo, no hay necesidad de que nadie se haga justicia por propia mano.

Cuando la autoridad actúa oportunamente, el conflicto encuentra cauces institucionales.

Cuando la Ley se hace valer, la fuerza deja de ser argumento.

Y cuando todos saben que las reglas se cumplen, la sociedad recupera algo que ninguna protesta, ningún bloqueo y ningún discurso puede sustituir:

la certeza de que vivimos bajo la protección de la Ley y no bajo la voluntad del más fuerte.

Lo ocurrido en Mérida debería servir para rectificar.

No mañana.

No cuando el conflicto vuelva a crecer.

Ahora.

Porque la próxima vez que alguien pregunte dónde está el Estado de Derecho, la respuesta no debería ser:

“El día que yo regresaré”.

Debería ser mucho más sencilla:

“Aquí está. Y la Ley se está cumpliendo.”

Santiago Altamirano Escalante

Magistrado en retiro y especialista en Derecho.