Liberación de Pedro Castillo sacude la transición presidencial en Perú
La posible liberación del expresidente Pedro Castillo ha vuelto a ocupar el centro del debate político en Perú, a pocos días de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia del país. La discusión se intensificó luego de que dirigentes políticos y un grupo de expertos de Naciones Unidas plantearan revisar la situación jurídica del exmandatario, quien permanece encarcelado desde diciembre de 2022.
Castillo cumple una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con el mensaje que ofreció el 7 de diciembre de 2022. En aquella intervención anunció la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la intención de gobernar mediante decretos hasta la instalación de una Asamblea Constituyente.
El debate tomó fuerza después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyera que la detención del expresidente fue arbitraria y recomendara su liberación. El pronunciamiento no es vinculante para las autoridades peruanas, pero ha servido como argumento para que la defensa de Castillo reactive diferentes vías legales orientadas a conseguir su excarcelación.
El Poder Judicial peruano admitió a trámite un recurso de hábeas corpus presentado a favor del exmandatario. Sin embargo, esta decisión únicamente significa que el caso será evaluado y no garantiza que Castillo recupere su libertad. Su defensa sostiene que el delito por el que fue condenado no llegó a consumarse, debido a que las Fuerzas Armadas no obedecieron las órdenes anunciadas durante el intento de ruptura institucional.
La controversia también llegó directamente a la presidenta electa. Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del partido Buen Gobierno, se reunió con Keiko Fujimori y le propuso estudiar alternativas legales para permitir que Castillo afronte en libertad los procesos que mantiene pendientes.
“Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro de un marco del Estado de derecho y de la Constitución”, declaró Nieto tras el encuentro. El dirigente aclaró que su planteamiento no consiste necesariamente en conceder un indulto, sino en analizar los mecanismos constitucionales disponibles como parte de una política de reconciliación y despolarización nacional.
El líder de Buen Gobierno aseguró que su agrupación no formará parte del próximo gabinete ministerial y que ejercerá una “oposición leal” desde el Congreso. Su partido respaldará las propuestas que considere favorables para Perú, pero rechazará aquellas que no coincidan con sus principios o con los intereses de la población.
La propuesta, no obstante, ha provocado rechazo dentro del fujimorismo. Alejandro Aguinaga, senador electo de Fuerza Popular, consideró que Castillo no reúne las condiciones necesarias para recibir un indulto y recordó que el exmandatario intentó cerrar el Congreso e intervenir otras instituciones del Estado. “En mi opinión personal no le corresponde un indulto”, afirmó.
Por su parte, los sectores políticos que respaldan a Castillo han incrementado la presión para conseguir su libertad. Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, ha señalado que la excarcelación del expresidente representa una condición necesaria para avanzar hacia un diálogo político con el próximo gobierno. También ha cuestionado la legitimidad de la victoria electoral de Fujimori, aunque sus denuncias de fraude no han sido acompañadas por pruebas concluyentes.
Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú el próximo 28 de julio, después de imponerse por un estrecho margen en las elecciones presidenciales. Su llegada al poder ocurre en medio de una profunda polarización política, por lo que cualquier determinación relacionada con Castillo podría marcar las primeras semanas de su administración.
Mientras los tribunales analizan el hábeas corpus y las autoridades evalúan las solicitudes presentadas por la defensa, la eventual liberación de Pedro Castillo permanece sin una resolución definitiva. El caso se convierte así en una de las primeras pruebas políticas para el gobierno entrante y en un nuevo punto de confrontación entre el fujimorismo, la izquierda y los sectores que buscan promover una reconciliación nacional.