Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos en Estados Unidos: los acusan de ordenar torturas
La situación judicial del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se complica luego de que la Fiscalía de Estados Unidos presentara este jueves 8 de octubre una nueva acusación en su contra por conspiración para cometer tortura. Los señalamientos se suman a los cargos que ambos enfrentan por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y amplían el alcance del proceso penal que se desarrolla en una corte federal de Nueva York.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y Flores habrían participado en la organización y el funcionamiento de un sistema de represión destinado a perseguir a opositores políticos, intimidar a sectores críticos del gobierno venezolano y garantizar su permanencia en el poder.
Los fiscales estadounidenses sostienen que, durante años, las autoridades venezolanas recurrieron a detenciones arbitrarias, amenazas y actos de violencia contra personas consideradas adversarias del gobierno. Entre las prácticas denunciadas se encuentran descargas eléctricas, golpizas, asfixia, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos.
La investigación también contempla casos de ciudadanos estadounidenses que habrían sido víctimas de tortura mientras permanecían bajo custodia de organismos de seguridad venezolanos. Según el expediente judicial, algunos detenidos fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas con el propósito de obtener información, forzar confesiones o castigar supuestas actividades contrarias al gobierno.
Uno de los aspectos centrales de la nueva acusación es la presunta participación directa de Maduro en estas prácticas. La Fiscalía afirma que el exmandatario no solamente tenía conocimiento de los abusos, sino que habría autorizado detenciones ilegales y ordenado actos de tortura contra determinados prisioneros.
Por su parte, Cilia Flores es señalada por presuntamente colaborar en el desarrollo del sistema represivo y ordenar agresiones contra personas que representaban una amenaza para los intereses de su entorno familiar. Estas acusaciones amplían los señalamientos sobre el papel que habría desempeñado durante el gobierno de su esposo.
El nuevo expediente también menciona la participación de organismos de inteligencia militar y cuerpos de seguridad del Estado venezolano, particularmente la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), institución señalada por su presunta intervención en la persecución y el maltrato de detenidos.
Maduro y Flores permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde el 3 de enero de 2026, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos y trasladados posteriormente a Nueva York. Ambos se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Antes de estas nuevas imputaciones, Maduro ya enfrentaba cargos relacionados con conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados con armas. La Fiscalía también amplió las acusaciones por narcoterrorismo contra Flores, quien previamente había sido señalada por su presunta participación en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
En medio de este panorama, la defensa de la ex primera dama solicitó que pudiera continuar su proceso bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud, particularmente afecciones cardíacas que, según sus abogados, requieren atención médica especializada. Sin embargo, la petición fue rechazada por el juez federal Alvin Hellerstein, ante las preocupaciones expresadas por la Fiscalía sobre un posible riesgo de fuga.
Los representantes legales de Maduro y Flores también han cuestionado la validez del procedimiento judicial y buscan que se reconozca su inmunidad por haber ocupado posiciones de liderazgo en Venezuela. Ambos se han declarado inocentes de las acusaciones anteriores y han rechazado los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses.
El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, aunque las nuevas acusaciones podrían incrementar la complejidad del caso debido a la incorporación de testimonios, documentos y posibles pruebas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
La ampliación del expediente representa un cambio significativo en el proceso contra el exmandatario venezolano, pues las autoridades estadounidenses ya no centran sus señalamientos únicamente en presuntas actividades de narcotráfico, sino también en la responsabilidad penal que Maduro y su esposa podrían tener por los abusos cometidos durante su permanencia en el poder.
Las nuevas imputaciones colocan nuevamente bajo atención internacional las denuncias de represión política en Venezuela y abren una etapa del procedimiento judicial en la que las autoridades estadounidenses deberán demostrar la participación de ambos acusados en los hechos señalados. Hasta que exista una sentencia, Maduro y Flores mantienen su presunción de inocencia.