México llevará a fiscalías de EU los casos de mexicanos muertos en acciones del ICE
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que emprenderá acciones legales en Estados Unidos por la muerte de personas mexicanas ocurrida bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. La decisión representa un cambio en la estrategia del gobierno mexicano, que ahora buscará llevar los casos ante fiscalías estadounidenses y otras instancias internacionales.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que la Cancillería solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales contra quienes resulten responsables ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, el objetivo es que los fallecimientos sean investigados en el ámbito penal, más allá de los reclamos diplomáticos que México ya ha presentado.
Durante la conferencia matutina, Velasco señaló que México tiene registro de 17 personas mexicanas fallecidas en situaciones relacionadas con acciones del ICE. De ese total, 14 murieron en centros de detención migratoria y tres durante operativos de la corporación estadounidense. Uno de los casos más recientes es el de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras recibir disparos durante un incidente con agentes migratorios en Houston, Texas.
“La realidad es que a Lorenzo Salgado le quitan la vida agentes de ICE”, afirmó Velasco, al señalar que el caso debe investigarse “con absoluta seriedad”. El canciller sostuvo que la administración federal busca una respuesta más contundente ante hechos que, desde la postura mexicana, no han sido esclarecidos de manera suficiente por las autoridades estadounidenses.
La Secretaría de Relaciones Exteriores también recordó que ya se han enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Estados Unidos por estos casos. Sin embargo, la respuesta recibida hasta ahora ha sido la apertura de investigaciones, por lo que México decidió avanzar hacia una ruta legal más amplia. “Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías de Estados Unidos”, dijo Velasco al explicar el nuevo curso de acción.
Además de las denuncias penales, el gobierno mexicano anunció que emprenderá acciones civiles contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria vinculados al ICE. La estrategia incluirá cartas de cese y desistimiento por presuntas violaciones a derechos humanos que habrían derivado en la muerte de 14 mexicanos dentro de esos espacios de detención.
La Cancillería también acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en favor de personas mexicanas detenidas en centros migratorios de Estados Unidos. Asimismo, el gobierno mexicano pedirá la intervención de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de reforzar la protección de connacionales bajo custodia migratoria.
Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno preparaba medidas jurídicas más amplias, al considerar que las acciones diplomáticas no habían sido suficientes para frenar nuevos casos. La mandataria sostuvo que México buscaría ir más allá de las notas diplomáticas y de los recursos presentados ante organismos internacionales, al señalar que no se puede permitir el maltrato contra mexicanos en Estados Unidos.
Con esta decisión, el gobierno federal busca colocar la defensa de los migrantes mexicanos en una ruta jurídica más firme, tanto en tribunales estadounidenses como ante organismos internacionales. La muerte de Lorenzo Salgado Araujo y los otros casos documentados por la Cancillería elevan la presión sobre las autoridades de Estados Unidos para esclarecer responsabilidades y revisar las condiciones en las que operan los centros de detención migratoria.