Miles de manifestantes exigen en Madrid una reforma de la vivienda tras el desahucio de una anciana de 87 años

Unas 25.000 personas se manifestaron el sábado 26 de septiembre en el centro de Madrid, según cifras de la Delegación del Gobierno, tras el desahucio de María del Carmen Abascal, una anciana de 87 años, del piso donde vivía alquilada desde hacía siete décadas.

La protesta expone el malestar social por el encarecimiento de la vivienda en España, que afecta sobre todo a hogares con salarios bajos y medios, y presiona al Ejecutivo para que apruebe cambios legales antes de que termine septiembre.

Alrededor de 500 personas instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional madrileño, con carteles como "Todos somos Maricarmen" y "Expropiar a los rentistas". El Sindicato de Inquilinas, organizador de la acampada, exige contratos indefinidos, la congelación de rentas y la prohibición de desahucios sin alojamiento alternativo.

El detonante fue la sentencia judicial que declaró vencido el contrato de 1956 heredado por Abascal y dio la razón a Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble, que reclamaba recuperar la vivienda el miércoles 23 de septiembre.

Los precios de compra y alquiler subieron 12,2% interanual en el segundo trimestre del año en España y 12,9% en la Comunidad de Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística. El Banco de España calcula un déficit de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 frente a la demanda de nuevos hogares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que llevará un decreto de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes y pidió apoyo a otros grupos parlamentarios para convalidarlo, dado que gobierna en minoría. La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, respaldó la movilización y reclamó medidas contra los fondos de inversión inmobiliarios.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, advirtió de que la acampada continuará si el decreto no incluye contratos indefinidos y pidió a los sindicatos CCOO y UGT convocar una huelga general si la norma no prospera. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, exigió restablecer la normalidad en la plaza y acusó a la Delegación del Gobierno de permitir la acampada fuera de los términos autorizados.