La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró ayer que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa supone un “cambio sideral” respecto a la anterior actitud de las autoridades mexicanas.
“Para nosotros sí que hay, sin ninguna duda, un cambio sideral en la concepción de lo que veníamos trabajando y (lo que) ahora hallamos de respaldo en el nuevo gobierno”, aseguró el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas.
Vargas opinó que el nuevo Ejecutivo ha mostrado una “vocación absolutamente indeclinable” en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y valoró positivamente que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, esté a cargo de la Comisión de la Verdad.
No obstante, el comisionado reconoció que el gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto “colaboró” con la CIDH al permitir la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
En su informe final, emitido en noviembre, dicho Mecanismo Especial concluyó que la investigación de las autoridades mexicanas era “fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa” y, además, urgía al Estado a determinar la participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes.
De manera simbólica, el 3 de diciembre pasado, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa, que se instalará en un plazo máximo de 30 días hábiles y estará compuesta por representantes gubernamentales y técnicos.
Crisis
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció ayer que el nuevo gobierno del país deberá afrontar una “grave crisis humanitaria”, que acumula serios problemas de desapariciones forzadas.
“México pasa por una profunda crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos, con graves problemas de desapariciones forzadas”, admitió Encinas Rodríguez en su intervención ante la CIDH, que celebra su 170 periodo de sesiones en Washington.
El nuevo subsecretario sostuvo que “las cosas ya cambiaron” con el nuevo Ejecutivo y asumió el compromiso de acabar con la impunidad de los responsables de desapariciones forzadas, “independientemente de su cargo o institución”.
“No se tienen capacidades institucionales para identificar a todos los desaparecidos, hay más de 26,000 cuerpos sin identificar”, ejemplificó Encinas Rodríguez antes de solicitar apoyo a la CIDH para iniciar un protocolo de actuación conjunta en casos de desapariciones bajo los estándares del derecho interamericano.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, aceptó la oferta de crear un mecanismo de búsqueda que será discutido en sucesivos encuentros.
La CIDH contemplará una visita a Nuevo Laredo, donde se acumulan más de 50 denuncias de desapariciones forzadas sin una investigación abierta.
“Agradecemos la postura del nuevo Gobierno mexicano, no es habitual que un Estado reconozca los hechos y no adopte ninguna posición defensiva”, indicó Abrão.
Durante la audiencia, la esposa del desaparecido José Daniel Trejo, Jessica Molina, intervino para contar su testimonio y apuntó directamente a miembros del Ejército mexicano como responsables de la desaparición de su marido en Nuevo Laredo.
“Los culpables respetaron mi vida solo porque saben que yo soy ciudadana americana y se llevaron a mi marido”, sostuvo Molina.
La representante de la Procuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerra prometió garantizar la transparencia en las investigaciones y luchar contra la criminalización de las víctimas.
