Miles de magistrados en México han solicitado la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para detener la reforma judicial que impulsa el gobierno federal. Los magistrados expresan que esta reforma podría vulnerar la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental en cualquier democracia. Argumentan que la reforma, que incluye cambios en la selección de jueces y magistrados, representa una amenaza directa a la imparcialidad y autonomía del sistema judicial mexicano.
La petición a la CIDH busca que este organismo internacional evalúe la situación y actúe en defensa de los derechos fundamentales de los magistrados y del sistema judicial en su conjunto. Los magistrados sostienen que la reforma, de ser aprobada, podría abrir la puerta a la manipulación política del Poder Judicial, socavando la confianza en las instituciones y afectando la calidad de la justicia en México.
Además, los magistrados han señalado que el proceso legislativo para la aprobación de esta reforma ha sido apresurado, sin un debate amplio y transparente que incluya a todas las partes interesadas, lo que incrementa la preocupación sobre sus posibles consecuencias. Esta movilización de magistrados es una clara señal del descontento dentro del sistema judicial y subraya la gravedad de la situación.
La intervención de la CIDH, de concretarse, podría tener un impacto significativo en el curso de la reforma judicial, agregando presión internacional sobre el gobierno mexicano para reconsiderar su enfoque. Mientras tanto, el debate sobre la reforma continúa intensificándose, con la sociedad civil y las instituciones internacionales observando de cerca los desarrollos. La petición de los magistrados es un recordatorio de la importancia de proteger la independencia judicial en cualquier democracia, y de los peligros que surgen cuando esta independencia se ve comprometida.
