El 13 de enero de 2025, se dio a conocer una propuesta impulsada por Morena que busca reformar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esta iniciativa pretende que una filial del instituto utilice los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, provenientes de las aportaciones de trabajadores formales, para financiar la construcción de nuevas viviendas. Esta medida tiene como objetivo atender el creciente déficit habitacional en el país y potenciar el desarrollo económico en sectores clave como la construcción.
La propuesta, presentada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, señala que el dictamen será analizado y debatido en las próximas semanas en las Comisiones de Trabajo y Vivienda antes de pasar al pleno de la Cámara para su posible aprobación. Según el legislador, esta reforma busca optimizar el uso de los recursos de los trabajadores, integrando un esquema que priorice la transparencia y la rendición de cuentas.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, que actualmente ascienden a más de 2 billones de pesos, podrían ser administrados por una empresa filial del Infonavit para impulsar proyectos de edificación. Esto ha generado preocupaciones en diversos sectores, especialmente entre representantes de trabajadores y empresarios, quienes han señalado la posible pérdida del equilibrio tripartita del instituto, en el cual participan trabajadores, empleadores y el gobierno.
Para abordar estas inquietudes, Monreal aseguró que la propuesta incluirá mecanismos robustos de supervisión. Entre ellos, se contempla que tanto el Infonavit como su filial estén sujetos a auditorías regulares por parte de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando así un manejo adecuado de los recursos. Además, se propone reforzar la integración de los órganos internos del instituto, como la Asamblea, el Comité de Vigilancia y el Comité de Transparencia, con el fin de preservar la participación equitativa de los tres sectores involucrados.
Otro punto destacado de la reforma es la intención de combatir posibles actos de corrupción dentro del Infonavit. Monreal afirmó que cualquier irregularidad será investigada y sancionada conforme a los procedimientos legales correspondientes. Esto refuerza el compromiso de Morena de garantizar la confianza de los trabajadores en el uso de sus aportaciones.
La reforma también se vincula con el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum para construir un millón de viviendas en los próximos seis años. Este ambicioso proyecto busca no solo ofrecer soluciones habitacionales a millones de mexicanos, sino también dinamizar la economía mediante la creación de empleos en el sector de la construcción y la promoción del consumo interno.
El debate en torno a esta propuesta no solo se centra en su viabilidad financiera, sino también en las implicaciones políticas y sociales que podría tener. Mientras algunos sectores ven en esta reforma una oportunidad para resolver problemas estructurales del país, otros temen que se convierta en una herramienta de control gubernamental sobre los recursos de los trabajadores.
A pesar de las críticas y dudas, la iniciativa ha sido defendida como una medida necesaria para atender el déficit habitacional que afecta a millones de familias mexicanas. En este contexto, el gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio directo de los trabajadores. Se espera que, en los próximos días, el dictamen avance en el proceso legislativo y sea objeto de un debate amplio y plural en el Congreso.
Esta reforma representa un desafío significativo para el sistema de vivienda en México y podría marcar un precedente en la administración de los recursos destinados al desarrollo habitacional. La discusión en torno a esta iniciativa promete ser una de las más relevantes en el ámbito legislativo de este año, ya que busca equilibrar las necesidades de los trabajadores, los intereses empresariales y las prioridades gubernamentales.
