En los últimos días, Siria ha experimentado una escalada significativa de violencia en las provincias costeras de Latakia y Tartús, resultando en más de 1.300 muertos y un desplazamiento masivo de civiles hacia el Líbano.
Según informes del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 830 civiles, en su mayoría de la minoría alauita, han sido ejecutados sumariamente durante una campaña militar de cuatro días en el oeste del país.
El presidente interino, Ahmed al Sharaa, declaró que Siria enfrenta “un nuevo y significativo peligro derivado de los restos del antiguo régimen y fuerzas externas que buscan desatar una guerra civil”. En respuesta, anunció la formación de un comité superior para preservar la paz civil y un comité independiente para investigar los sucesos y llevar a los responsables ante la justicia.
La violencia ha obligado a más de 7.600 personas, principalmente de la minoría alauita, a huir hacia el norte del Líbano. Estas personas se han instalado en 15 municipios de la gobernación de Akkar, donde reciben ayuda humanitaria proporcionada por la Cruz Roja Libanesa y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En medio de esta crisis, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) han anunciado su integración en el nuevo Estado sirio bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa, cediendo el control del noreste de Siria. Este acuerdo garantiza derechos constitucionales para los kurdos y establece la cooperación de las FSD con el Gobierno sirio.
