El pasado lunes 23 de junio de 2025, el Congreso de la Unión abrió un periodo extraordinario de sesiones, que se extenderá hasta el 2 de julio, con el fin de debatir y aprobar un conjunto de 16 iniciativas prioritarias, según el dictamen discutido en la Comisión Permanente.
Entre los principales cambios en materia de seguridad pública destacan la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, así como la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. La propuesta para la Guardia Nacional busca establecer su organización, despliegue, coordinación interinstitucional y concentración de mando bajo la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante la conferencia matutina del 24 de junio, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, describió la iniciativa para el Sistema de Inteligencia como un instrumento destinado “a la prevención, detección y desarticulación de las amenazas que atentan contra la paz pública y los derechos fundamentales de los mexicanos”, y explicó que estará coordinado por la Secretaría de Seguridad y operado por el Centro Nacional de Inteligencia, bajo supervisión del Ministerio Público.
Adicionalmente, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó la reforma a esa ley con el objetivo de actualizar la integración, organización y funcionamiento del sistema, clarificando las competencias de los ámbitos federal, estatal y municipal. Su enfoque está en promover una coordinación estratégica y establecer estándares de formación, certificación y profesionalización policial.
El paquete legislativo también contempla reformas en telecomunicaciones —incluyendo la polémica facultad de bloquear plataformas digitales— y medidas contra la desaparición forzada, así como ajustes fiscales, ambientales e institucionales. El partido oficialista Morena y sus aliados defienden estas iniciativas como necesarias para fortalecer la seguridad nacional y la eficacia institucional. Sin embargo, la oposición –integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– critica que el proceso es apresurado y podría derivar en excesivos controles, militarización policial y restricción de libertades civiles-.
