El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una fuerte reacción en Venezuela y en otros sectores internacionales tras afirmar que Washington “controlará” Venezuela durante un proceso de transición política, lo que ha sido interpretado por opositores como una forma de intervención en los asuntos internos del país.
Según declaraciones atribuidas al mandatario estadounidense en medios internacionales, Trump aseguró que su gobierno supervisará Venezuela mientras se organiza una sucesión política ordenada y estable. Su planteamiento incluye la intención de asegurar una transición “segura y justa”, así como la participación de empresas estadounidenses en la reconstrucción y explotación de sectores estratégicos, particularmente el petrolero.
La respuesta dentro de Venezuela fue de rechazo generalizado entre amplios sectores de la población, que consideran tales comentarios como una intromisión en la soberanía del país. Voceros de organizaciones civiles y ciudadanos expresaron su desaprobación a la idea de que potencias externas decidan sobre el futuro político venezolano, enfatizando el derecho del pueblo a determinar su propio destino sin influencias externas. Aunque no todos los venezolanos comparten una única postura, las críticas se centraron en la percepción de que ese tipo de declaraciones erosionan la autodeterminación nacional.
La controversia se da en el contexto de una operación militar reciente en la que fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladaron a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Ese hecho escaló las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington y provocó reacciones de condena desde varios gobiernos de la región y de organismos internacionales.
Líderes internacionales han pedido moderación y respeto al derecho internacional tras las declaraciones de Trump. Por ejemplo, distintos países han solicitado que las acciones de Estados Unidos se enmarquen en los principios de no intervención y respeto a la soberanía de los estados. Adicionalmente, algunos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, han intentado aclarar que no existe intención de ocupar permanentemente Venezuela ni de gobernarla de forma directa, aunque no descartaron mantener presiones económicas como un embargo al petróleo para promover cambios internos.
La situación continúa siendo objeto de debate tanto en Venezuela como en la comunidad internacional, con opiniones diversas sobre el papel que Estados Unidos debería desempeñar en un país que enfrenta desafíos políticos y económicos de larga data.
