Ghislaine Maxwell invocó su derecho a no responder ante el Congreso de Estados Unidos al acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución, durante una deposición programada como parte de la investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein.
La comparecencia de Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por delitos de tráfico sexual y relacionados con la explotación de menores, se llevó a cabo de manera virtual desde un centro federal en Texas. Legisladores del House Oversight Committee buscaban obtener información sobre su participación en la red de abuso sexual y posibles conexiones con otras figuras, pero la exsocia de Epstein optó por no responder preguntas que pudieran incriminarla.
El recurso a la Quinta Enmienda, que permite a una persona negarse a declarar si sus respuestas podrían utilizarse en su contra, fue anticipado por sus abogados. Según un representante demócrata, la estrategia de Maxwell de invocar ese derecho “parece inconsistente con su conducta anterior”, ya que en otra ocasión durante una reunión con autoridades judiciales no se acogió a esa protección.
En lugar de responder interrogantes específicas, Maxwell tenía previsto leer una declaración preparada al inicio de su testimonio, según información compartida por legisladores que participaron en el proceso.
Este episodio se produce en un contexto de creciente escrutinio tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con el caso Epstein, que ha renovado el interés público y político en las redes de abuso y complicidad que rodearon al financista fallecido. Legisladores han citado la importancia de esos archivos para esclarecer cómo Epstein operó durante años y si hubo quién facilitó o encubrió sus delitos.
La decisión de Maxwell de permanecer en silencio ha sido comentada tanto por miembros del Congreso como por críticos de la investigación, que consideran que su falta de cooperación limita el avance de la explicación sobre la extensión de la red de abuso.
