El conflicto legal entre la empresa minera Calica y las autoridades mexicanas escaló a la máxima instancia judicial del país, luego de que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo determinaran “hacerse a un lado en la resolución del caso”. Esto implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el fondo del litigio pendiente.
El proceso que hoy tiene la atención de la Corte se origina en una controversia que Calica —una filial de la estadounidense Vulcan Materials Company dedicada a la extracción de roca caliza en la región de Playa del Carmen, Quintana Roo— ha sostenido con diversas autoridades federales desde hace varios años debido a la cancelación de su concesión para operar en los terrenos de Punta Venado.
El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, encargado inicialmente de resolver el recurso de revisión, concluyó que no contaba con competencia para calificar posibles controversias constitucionales derivadas de la aplicación de normativas federales en este caso, por lo que turnó el asunto a la Corte.
Este trámite en la Suprema Corte se perfila como un paso clave, pues podría definir si el retiro de la concesión otorgada a Calica en 2022 por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y otros actos administrativos asociados fueron legales o no, así como la constitucionalidad de los preceptos legales utilizados para esas decisiones.
La controversia ha tenido múltiples aristas y resoluciones previas: un tribunal federal ordenó que Calica repare daños ambientales causados por su actividad en Playa del Carmen, lo cual ha sido parte central de las disputas legales; también se ha prohibido a la empresa el uso de explosivos tras la pérdida de la concesión en esa zona.
Expertos en derecho señalan que la aceptación del caso por parte de la Corte podría sentar un precedente en materia de interpretación de la Ley Aduanera y la aplicación de medidas administrativas que afectan concesiones estratégicas en México.
El resultado de la revisión en la SCJN será determinante no solo para el futuro legal de Calica, sino también para la manera en que se abordan casos similares de disputas entre empresas y el Estado, especialmente cuando implican evaluación de derechos, factores económicos y obligaciones ambientales.
