El Gobierno del presidente Donald Trump incluyó a Antifa y a redes de izquierda dentro de las amenazas consideradas prioritarias en su nueva estrategia antiterrorista, una política que amplía el enfoque tradicional de seguridad nacional de Estados Unidos y coloca bajo mayor escrutinio a movimientos domésticos señalados por la administración como violentos.
La estrategia, presentada como parte de la agenda de seguridad “America First”, prioriza la protección del territorio estadounidense frente a amenazas internas y externas. Además de Antifa, el plan contempla acciones contra carteles de droga, redes criminales transnacionales, organizaciones yihadistas y actores que, según la Casa Blanca, promuevan violencia política o representen riesgos para la seguridad nacional.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la nueva estrategia antiterrorista aprobada por Trump pone especial atención en los carteles del hemisferio occidental, a los que la administración considera una amenaza directa por su papel en el tráfico de drogas, personas y otras actividades criminales. El documento también mantiene el foco en organizaciones como Al Qaeda e ISIS, pero incorpora con mayor fuerza el tratamiento de amenazas internas.
Sebastian Gorka, director de contraterrorismo de la Casa Blanca, sostuvo que el plan busca identificar, mapear y desmantelar redes consideradas violentas antes de que puedan causar daños. Según reportes citados por medios estadounidenses, Gorka afirmó que el criterio incluye a “any group that espouses violence”, frase que puede traducirse como “cualquier grupo que promueva la violencia”.
La inclusión de Antifa ha generado debate debido a la naturaleza descentralizada del movimiento. Diversos expertos han señalado que Antifa no opera como una organización formal con liderazgo único, membresía definida o estructura jerárquica nacional, sino como un conjunto disperso de activistas antifascistas con diferentes grados de coordinación local. Esa característica ha provocado cuestionamientos legales y políticos sobre la forma en que el Gobierno podría aplicar medidas antiterroristas en el ámbito interno.
La administración Trump ya había dado pasos previos contra Antifa. En septiembre de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para designar al movimiento como una organización terrorista doméstica, aunque analistas legales advirtieron que la legislación estadounidense no contempla el mismo mecanismo formal para designar organizaciones nacionales como terroristas, a diferencia de lo que ocurre con grupos extranjeros.
La nueva estrategia también llega en un contexto de mayor tensión política en Estados Unidos, tras episodios de violencia interna y debates sobre los límites entre seguridad nacional, protesta política y libertad de expresión. Funcionarios del Gobierno defienden que las medidas buscan prevenir actos violentos, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de que estas herramientas sean utilizadas para perseguir disidencia política o ampliar de forma excesiva el poder federal.
Con esta política, la Casa Blanca redefine sus prioridades antiterroristas al combinar la lucha contra amenazas extranjeras tradicionales con una ofensiva más amplia contra actores domésticos y redes criminales transnacionales. La aplicación concreta de la estrategia dependerá de las agencias federales encargadas de seguridad, inteligencia, justicia y control financiero, así como de los límites que establezcan los tribunales ante posibles impugnaciones legales.
