El conflicto entre artesanos y autoridades por la operación del nuevo Centro de Atención a Visitantes de Chichén Itzá, conocido como CATVI, mantiene cerrada la zona arqueológica y ya genera afectaciones económicas para el turismo, el comercio y las familias que dependen de la actividad en uno de los principales destinos culturales del país.
José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida y del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, llamó a las partes involucradas a privilegiar el diálogo para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el sitio. El dirigente empresarial señaló que el cierre afecta no solo a visitantes, sino también a comerciantes, prestadores de servicios, guías de turistas y comunidades vinculadas a la actividad turística.
“El CATVI trae unas instalaciones muy buenas y muy adecuadas; el conflicto es entre los que se quieren pasar y los que no quieren y desafortunadamente el más afectado es el turismo y las familias que dependen de él”, expresó Molina Casares al referirse a la disputa por el traslado al nuevo esquema de operación.
El representante empresarial consideró preocupante que permanezca cerrado un sitio reconocido como uno de los principales atractivos turísticos de México y del mundo, debido a que su inactividad repercute en diversos sectores económicos. De acuerdo con lo informado, algunos operadores turísticos han comenzado a redirigir visitantes hacia otras zonas arqueológicas para reducir el impacto del cierre.
“Nuestra invitación es que se sienten en la mesa, que negocien, que lleguen a un acuerdo para que se puedan abrir las puertas de Chichén”, sostuvo Molina Casares, al pedir la participación de artesanos, guías de turistas, autoridades estatales, instancias federales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Cultur.
El sector empresarial advirtió que la prolongación del conflicto puede afectar la imagen turística de Yucatán, especialmente ante la cercanía de la temporada vacacional de verano, cuando suele incrementarse la llegada de visitantes. Por ello, insistió en que una solución pronta, ya sea definitiva o temporal, permitiría reactivar la economía local y dar certidumbre a quienes dependen de la operación de Chichén Itzá.
