La venta del Sevilla FC a un grupo inversor encabezado por Sergio Ramos no se concretó, pese a que ambas partes habían alcanzado un acuerdo el pasado 12 de mayo. Los principales accionistas del club emitieron un comunicado en el que señalaron que, el 27 de mayo, “a pocos días para que venciese el acuerdo”, Ramos y sus asesores expresaron su voluntad de no cumplir con lo pactado.
Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que reúnen la mayoría del capital social del Sevilla FC, detallaron en un escrito de catorce puntos el proceso de negociación y las razones por las que la operación quedó frustrada. El pronunciamiento se produjo después de que Sergio Ramos, como figura visible del grupo comprador, convocara una rueda de prensa para explicar su versión de los hechos.
De acuerdo con los accionistas, durante el tramo final de la negociación se les informó que “el Grupo DMI era realmente su único inversor”, mientras que otros participantes inicialmente mencionados habrían desaparecido del planteamiento, incluida FIVE ELEVEN. Según el comunicado, este cambio modificó de forma sustancial las condiciones previamente acordadas.
Los propietarios del club afirmaron que el nuevo perfil del inversor generó dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. En el escrito señalaron que se trató de “un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación”, al considerar que el acuerdo ya estaba cerrado meses antes y había sido refrendado públicamente por el propio Ramos desde el 11 de mayo.
El comunicado también incluyó acusaciones directas contra el futbolista y su entorno. Los accionistas sostuvieron que hubo un “engaño” mantenido hasta el último momento y aseguraron que la situación “estaba preparada desde hace meses”. Además, indicaron que las supuestas maniobras realizadas habrían perjudicado al Sevilla FC durante el proceso.
Las familias accionistas defendieron que el club colaboró durante toda la negociación y facilitó la información necesaria para la revisión financiera y legal conocida como due diligence. Según explicaron, ese proceso comenzó el 9 de febrero de 2026, tuvo una duración inicial de 45 días y posteriormente se concedieron dos semanas adicionales para que los interesados elaboraran su informe, concluido el 13 de abril.
En el mismo escrito, los accionistas insistieron en que la situación económica del Sevilla FC es “absolutamente transparente y pública”, y que sus cuentas anuales se encuentran auditadas y disponibles para consulta pública. También reconocieron que el momento económico y deportivo de la entidad “no es el mejor ni se corresponde con la historia del Club”, por lo que asumieron una autocrítica por lo ocurrido en las últimas temporadas.
Tras la ruptura de la operación, los accionistas informaron que ya trabajan en recuperar propuestas de otros grupos considerados sólidos y con garantías, las cuales habían quedado suspendidas durante el período de exclusividad mantenido con Sergio Ramos.
Además, confirmaron el envío de una comunicación directa a Ramos y a FIVE ELEVEN para denunciar el presunto incumplimiento del acuerdo. En esa notificación reclaman el pago de una cláusula penal y advierten que podrían exigir otros daños y perjuicios por una conducta que califican como “dolosa y fraudulenta”.
Finalmente, los accionistas requirieron a Ramos y a FIVE ELEVEN que cesen cualquier incumplimiento relacionado con el deber de confidencialidad, debido al acceso que tuvieron a documentación interna del Sevilla FC durante el proceso de revisión previo a la operación.
