El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció durante su primera Cuenta Pública un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, una iniciativa que busca identificar a personas condenadas o sancionadas por actos que afecten la convivencia ciudadana, la infraestructura pública, el patrimonio nacional y la propiedad pública o privada. La propuesta fue presentada ante el Congreso Nacional en Valparaíso como parte de la agenda de seguridad del Gobierno.
De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, el registro contempla la pérdida de determinados beneficios sociales para quienes cometan delitos o infracciones vinculadas a hechos de vandalismo o incivilidades. Entre los beneficios mencionados figuran la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal y el subsidio de arriendo.
La iniciativa considera delitos como atentados contra Carabineros, agresiones a personal de salud, tráfico de estupefacientes, retención del transporte público, daños a monumentos nacionales y destrucción de bienes públicos. También incluiría conductas calificadas como incivilidades, entre ellas rayados no autorizados en propiedad pública o privada, venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública y destrucción de equipamiento comunitario.
Durante su intervención, Kast sostuvo que “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.
Tras la Cuenta Pública, el jefe de Estado firmó el proyecto de ley y defendió la necesidad de establecer sanciones adicionales frente a hechos de destrucción o alteración del orden público. “Tendrá que pensarlo dos veces antes de que un joven lance una bomba molotov. Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional”, afirmó.
El proyecto deberá ser analizado y votado en el Congreso, donde ya se anticipa una discusión política sobre sus alcances. Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca fortalecer el orden público y proteger bienes comunes, sectores críticos han planteado dudas sobre su impacto en la igualdad ante la ley y en el acceso a beneficios sociales.
