La reciente separación de un agente de Tránsito de Cancún, señalado por presuntamente intentar extorsionar con 630 dólares a turistas en la zona hotelera, reavivó el debate sobre la efectividad de las cámaras corporales como herramienta para combatir la corrupción policial. Aunque estos dispositivos fueron implementados con el objetivo de fortalecer la transparencia, proteger a ciudadanos y elementos de seguridad, así como inhibir conductas indebidas, parte de la población considera que su uso no ha sido suficiente para frenar los abusos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito impulsó desde finales de 2024 la incorporación de cámaras de solapa para el personal operativo. De acuerdo con las disposiciones oficiales, los equipos deben portarse durante toda la jornada laboral y mantenerse activos en cualquier intervención, recorrido preventivo o interacción con la ciudadanía. No obstante, la percepción ciudadana apunta a que la sola existencia de estos dispositivos no garantiza un cambio real si no existe una revisión constante del material grabado ni sanciones oportunas cuando se detectan irregularidades.
Durante un sondeo realizado entre habitantes de Cancún, algunas voces expresaron desconfianza hacia el sistema de videograbación. Iván Pérez afirmó: “No, tal vez han ayudado un poco, pero los abusos continúan; son muy mañosos”. Otro ciudadano, quien pidió mantener el anonimato, sostuvo: “Solo funcionan cuando los casos se vuelven virales. Yo me entero por las redes sociales porque la gente ya está cansada y los graba; esas cámaras sí sirven, las de la policía no”. Una tercera persona consultada agregó: “No creo que funcionen, o las apagan. Además, dan muy mala imagen; por eso ya casi no hay turismo, porque lo ahuyentan con sus mordidas”.
El incumplimiento en el uso de las cámaras corporales, ya sea por no portarlas, desactivarlas o manipularlas, constituye una falta administrativa que puede derivar en sanciones, arrestos e incluso procedimientos ante el Consejo de Honor y Justicia. Sin embargo, las dudas persisten debido a que diversos casos de presuntos abusos o intentos de extorsión han trascendido principalmente por grabaciones realizadas por particulares y difundidas en redes sociales, más que por mecanismos institucionales permanentes de supervisión.
En lo que va del año, siete integrantes de la corporación han sido dados de baja o separados de sus funciones por distintas anomalías, entre ellas abuso de autoridad y extorsión. Además, la Dirección de Asuntos Internos sancionó con arresto a 42 uniformados por incumplir el uso obligatorio de las cámaras corporales desde que entró en vigor la medida. A pesar de una inversión de 31 millones de pesos y de contar con alrededor de 725 dispositivos asignados al personal operativo, el esquema continúa bajo cuestionamiento, especialmente porque las grabaciones se revisan principalmente cuando existe una queja formal, una investigación o una denuncia ciudadana.
El caso de mayor repercusión relacionado con la corporación ocurrió en febrero, cuando un policía en activo, identificado como Adrián V., alias “Panza de Yegua”, fue detenido por la Fiscalía General del Estado por su presunta relación con al menos 30 robos con violencia, situación que derivó en su destitución inmediata. En 2025, además, 23 elementos fueron separados de sus cargos por irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones, mientras que más de 130 permanecen bajo investigación por deficiencias en el servicio y posibles conductas ilícitas.
Aunque las cámaras corporales representan una herramienta tecnológica útil para documentar intervenciones policiales, el debate en Cancún se centra en su verdadera aplicación. Para la ciudadanía, el problema no radica únicamente en contar con dispositivos de videograbación, sino en garantizar que estén encendidos, que el material sea revisado de forma sistemática y que las faltas tengan consecuencias claras. Mientras los casos sigan saliendo a la luz por videos ciudadanos antes que por controles internos, la confianza en las bodycams continuará bajo la mira.
