Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
Los ocho órganos autónomos constitucionales del
gobierno federal han sufrido una embestida presidencial desde las mañaneras.
Insultó a sus directivos, ofendió a quienes los integraban y logró que muchos
de ellos huyeran despavoridos cuando los acusó de corruptos y de saqueadores de
los bienes públicos.
Su argumento es que le cuestan mucho al pueblo de
México para los resultados que dan; lo mismo dijo de los fideicomisos y de
muchos otros fondos de los que se engulló el presupuesto sin que, hasta hoy,
haya información confiable de su destino.
Como nunca, México tiene hoy en la presidencia a un
personaje que no sólo miente descaradamente sino que usa todo el poder del
estado mexicano para aplastar a quien no se le somete, a quien no se le suma y
le da la razón y no se doblega para aliarse a la Transformación de Cuarta que
su gobierno pregona sin el aval de los resultados logrados hasta ahora.
Con esos 8 billones de pesos autorizados para el
presupuesto 2023, López Obrador habrá manejado en cinco años de su gestión 33
billones de pesos, más o menos, además de los recursos de los fideicomisos y
varios miles de millones más producto de penas y sanciones, pero él sigue
hablando de austeridad y de que acabó la corrupción mientras los casos de
desvíos, como el de Segalmex y las compras directas, surgen todos los días para
acreditar la mentira.
La embestida del presidente ha sido contra el INAI, la
CRE, la Cofece, el IFT, el Coneval, el INEGI y el INE, entre otros. Todos han
sido presionados, han cambiado sus órganos de gobierno, han entrado gente afín
al presidente o, como el INE, sostienen una batalla que aún no pierden pero que podría dar al traste a esas
oficinas creadas al calor del Tratado de Libre Comercio y la presión ciudadana.
Para más de uno es sencillo decir que se vendieron,
que traicionaron, que les permitieron la impunidad y otras lindenzas cuando la
realidad es que muy pocos mexicanos pueden contra la embestida del poder
presidencial. Ni uno, dirían los más enterados.
La realidad es que no veo a mucha gente preocupada por
el agresor que despacha en palacio ni por el uso de todos los recursos y
poderes del Estado para embestir a adversarios políticos, a quienes discrepan
con el discurso presidencial o simplemente contra quienes no se doblegan ante
las pretensiones presidenciales.
Gobernadores como Cuitláhuac García, de Veracruz;
Layda Sansores, de Campeche; Claudia Sheimbaun, de Ciudad de México; no dudan
en dejarse usar por el poder presidencial contra los enemigos del actual
régimen. Basta una instrucción y el despliegue del poder del Estado se habilita
para doblar al renuente, al traidor, al apátrida que se atreve a desobedecer o
discrepar del líder de la 4T.
Hoy, el enemigo o adversario de moda es Alejandro
Moreno. Más de una vez he dicho que el ex gobernador de Campeche ha hecho
muchas cosas que yo no sé si me hubiera atrevido a hacerlas; otras que en
verdad son muy polémicas y unas más que han provocado reacciones encontradas o
hasta adversas entre quienes las escuchan o atestiguan.
Moreno se había convertido en la voz más clara y más
confrontada con el presidente a partir de una amenaza formal y oficial que
derivó luego de la votación en contra de los priistas oponiéndose al proyecto
presidencial sobre energía eléctrica.
La realidad, la propuesta era insalvable no sólo
porque era retrógrada sino porque las implicaciones legales que hubieran traído
quizá hubieran provocado el fin del tratado de libre comercio, cosa que no
sabemos si sucederá ante la cascada de modificaciones legales a los acuerdos
contraídos con antelación a este gobierno.
El pecado de Moreno es haber avalado una propuesta de
una diputada federal que propone que la Guardia Nacional siga siendo acompañada
por el Ejército por cuatro años más después de su vencimiento en 2024.
¿Error de cálculo?, ¿cálculo medido?, ¿prueba de fuego
a la alianza?, ¿favor al presidente? No creo que haya nadie que lo pueda
asegurar precisamente porque sólo lo saben quiénes lo acordaron, pero si algo
le metió ruido al tema fue el abrazo con el secretario de Gobernación en el
momento en que pasó.
Hay que decirlo: nadie en este gobierno está exento de
que le finquen responsabilidades legales usando métodos atrabiliarios. Rosario Robles es el claro
ejemplo porque hasta una licencia le falsificaron para mantenerla en prisión
preventiva.
Como hemos visto, el presidente no se tienta el
corazón para actuar hasta contra quienes han sido sus colaboradores, entonces
¿qué no hará contra sus opositores?
El riesgo como país es muy grande, el talante
autoritario del presidente nos fuerza a ver que él está dispuesto a todo con
tal de hacer su voluntad, de cumplir sus deseo y de concentrar el máximo poder
posible, incluso pasando sobre la Constitución como ha quedado más que claro
con aquello de que “no me vengan con que la ley es la ley”.
Andrés Manuel tuvo todo el poder y la legitimidad para
convertir a México en el mejor país de Latinoamérica, el problema parece claro
o no supo cómo o jamás tuvo un proyecto de nación al que ceñirse. Algo así como
lo que sucede en sus proyectos faraónicos: ninguno tiene proyecto ejecutivo.
Al final, el presidente y sus seguidores tendrán claro
que de eso de gobernar no es un asunto “de sentido común” y que el desprecio al
conocimiento y a la ciencia tiene un costo que, por desgracia, todos pagaremos
en este país, el que tendremos que reconstruir después del 2024.
