Por: Fernando Belaunzarán.
Con mi solidaridad y afecto para Pascal Beltrán del Río.
El recuento de los daños será inabarcable. La
improvisación de lo emprendido, el desdén por lo que no genera réditos electorales
y el afán de destruir aquello que los precedió han creado un panorama
desolador, aunque la retórica oficial insista en presentar el estropicio como
gesta heroica de alcances históricos.
El sexenio terminará, pero su herencia será duradera,
porque el cúmulo de crisis acumuladas exigirá sacrificios, instituciones qué
reconstruir y agravios por superar. La contrarreforma electoral preocupa porque
significaría regresar a épocas donde las votaciones eran un trámite, pues los
resultados eran conocidos de antemano. Sin embargo, el retroceso que se
experimenta va más allá de cambios legales, de tal suerte que, aunque se
pudieran detener los más oprobiosos y salvaguardar la Constitución, no va a ser
fácil ni rápido de revertir.
Así como el trumpismo y el bolsonarismo trascendieron
a los líderes populistas que los generaron, lo mismo sucederá con el
obradorismo. Si se logra preservar al INE y mantener el piso mínimo de equidad
y certeza para que los ciudadanos decidan a sus gobernantes en elecciones aceptablemente
democráticas, es muy probable que pasen a la oposición en una fecha tan próxima
como 2024. En tal caso, reivindicar el pluralismo como esencia de la democracia
y al diálogo como instrumento para avanzar colectivamente en la solución de
problemas y en la construcción de una patria común enfrentará el obstáculo de
la polarización machacada desde el poder durante seis años.
La democracia está en peligro no sólo porque el
árbitro está bajo acecho y se pretende que el gobierno controle la organización
de las elecciones y su calificación, capturando con incondicionales al
instituto y tribunal que gozarían de autonomía simulada. La concentración del
poder en el titular del Ejecutivo, la militarización creciente que va más allá
de la seguridad pública y el desprecio por la ley de parte de la autoridad no
congenian con ella.
La confrontación permanente que practican los
populismos de distinto signo puede ser una exitosa estrategia de campaña, pero
al estigmatizar la discrepancia, descalificando moralmente no sólo a la
oposición, sino a cualquier persona que piense distinto, se rompen puentes de
entendimiento y se instauran ortodoxias ideológicas que amenazan con el
escarnio, incluso a la disidencia interna. De la violencia verbal a la
violencia física sólo hay un paso y de manera irresponsable los promotores del
odio se desentienden de las consecuencias de sus injuriosas palabras que,
además, suelen ser calumnias.
Existe el apremio por defender al INE para evitar que
se cancelen estructuralmente las alternancias y regresemos al país
monocromático del siglo pasado. Eso es condición de posibilidad para que sea
viable una política de reconciliación que le dé la vuelta a la regresión
cultural que significa un país en donde los diferentes no se escuchan y se cree
preferible la imposición de la visión propia al acuerdo con otras. El
pensamiento único, que se asume como la única verdad admisible, está
entrelazado al autoritarismo, el cual se exacerba cuando se promueve desde el
poder.
Al asegurar que el triunfo de los adversarios
significaría la ruina del país y que sus representantes son moralmente
irredimibles, cualquier cosa que hagan para cerrarles el acceso al poder
resultaría admisible y hasta loable. Aunque no se atrevan a frasearlo por
simuladores, son creyentes de que el fin justifica los medios. Por eso se
permiten mentir consuetudinariamente, usar los recursos del Estado con fines
partidistas, manipular la justicia para perseguir disidentes, intimidar a
legisladores y gobernantes de oposición para alinearlos y, si les dan los votos
en el Congreso, retroceder en materia electoral a 1988.
Si no pasa la reforma constitucional, de cualquier
manera, el presidente López Obrador propondría cambios a leyes secundarias que
sólo requieren de la mayoría oficialista, lo que comprometería la legitimidad
de la elección presidencial; pero eso le parece preferible a aceptar la
posibilidad de perder. El imponderable es la fuerza social del rechazo que
aumentaría los costos de la imposición. El 13 de noviembre lo veremos.
