Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
En el banquillo de los acusados de la Corte de
Brooklyn está sentado el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, pero no
nos equivoquemos, en la narrativa construida por la Fiscalía, el principal
acusado es México, que termina siendo mostrado como un virtual narcoestado,
donde todo se compra y donde el crimen organizado puede alcanzar cualquier
nivel político, en un espectro que no admite ninguna gama de grises.
En el interrogatorio a Jesús Reynaldo El Rey Zambada,
ahora en libertad en Estados Unidos luego de que se convirtiera en testigo
protegido, que acusa a García Luna de haber recibido sobornos del Cártel del
Pacífico, el abogado defensor del exsecretario, César de Castro, preguntó a
Zambada respecto a anteriores declaraciones que hiciera, en el juicio a El
Chapo Guzmán y en el propio proceso de García Luna, sobre financiamiento del
Cártel del Pacífico a partidos y candidatos.
Zambada había dicho que entregó, entre otros aportes a
partidos, siete millones de dólares a Gabriel Regino, entonces subsecretario de
Seguridad Pública en la Ciudad de México, para apoyar candidaturas en 2006. Se
equivocó, como en muchas otras cosas, y dijo que fue en la campaña contra
Vicente Fox, en realidad era contra Felipe Calderón. Zambada dijo que no había
dado dinero para López Obrador, pero sostuvo que sí había dado dinero a
funcionarios y partidos. No aportó ninguna prueba.
En la mañanera, el presidente López Obrador fue muy
duro contra el abogado defensor y dijo que De Castro era “falsario,
calumniador, chueco” y que resultaba “peor que Zambada”. De paso, sostuvo que,
“si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los
jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera de
cuello blanco que imperó en el país”, y agregó que el exsecretario de Seguridad
tuvo en el sexenio de Calderón un poder “omnímodo”.
En realidad no es así. El abogado defensor es un
profesional neoyorquino de un bufete que lleva su nombre y que no es
especialmente relevante. Se recibió en el año 2002 y enseña en la Universidad
de Nueva York y antes estuvo trabajando en la Corte de Apelaciones de ese
estado. Verlo como parte de una “mafia” y decir que “es peor que Zambada”
parece un exceso, sobre todo porque el que habló de los dineros dados a las
campañas fue Zambada, como aquí dijimos antes de que comenzara el juicio a
García Luna, recordando las declaraciones del narcotraficante en el proceso
contra El Chapo Guzmán.
Desde entonces, Zambada habló de financiamiento a
campañas de todos los partidos en 2000 y 2006. Y ahí también habló de Gabriel
Regino, aunque en el juicio de El Chapo había equivocado su nombre. Los
adjetivos que el Presidente le endilga al abogado defensor tendrían que
adjudicarse al narcotraficante reconvertido en testigo protegido, porque, como
ocurre con el caso García Luna, sus dichos, por otra parte altamente
contradictorios y algunos inverosímiles, no están acompañados de prueba alguna
y los modifica a conveniencia del caso.
Estoy convencido, y lo hemos trabajado ese tema desde
hace tres décadas, de que el crimen organizado interviene en la política
mexicana, financia campañas y compra voluntades. Ni antes ni ahora hemos
avanzado lo suficiente en la lucha contra los grupos criminales porque no se
asume esa realidad y, a veces, de acuerdo a conveniencias coyunturales, tampoco
se combaten. Pero para hacerlo hay que partir de pruebas, de identificar con
precisión quién participa y quién no de esa trama, porque, si no, todo termina,
como está siendo descrito en la Corte de Brooklyn, en un narcoestado, en un
país donde todo está tomado por el crimen.
Regirse simplemente por las declaraciones de
criminales reconvertidos en testigos sin aportar una sola prueba es alimentar
ese relato y desafío: es quedarse con la tesis del narcoestado donde todo está
podrido y esos mismos testimonios que hoy se usan contra el pasado podrán
utilizarse en el futuro contra quienes detentan el poder en el presente.
Alguna vez me decía el exalcalde de Palermo, en
Sicilia, Leoluca Orlando, un personaje central en la lucha contra la mafia, que
“hay una diferencia entre una organización delictiva normal y la mafia, porque
una organización normal va en contra del Estado y está fuera del Estado, contra
los bancos y está fuera de los bancos, está contra la Iglesia y fuera de la
Iglesia, está en contra de la sociedad y fuera de ella. Pero la mafia, las
mafias, son algo diferente, están en contra del Estado, pero dentro del Estado,
en contra de la banca, pero dentro de la banca, en contra de la Iglesia y han
penetrado en la Iglesia, están contra la sociedad, sin embargo, están asentadas
en la sociedad; la mafia, para serlo, tiene que estar dentro de la sociedad
civil”. Eso sucede con nuestras mafias, pero también con nuestras instituciones
y la sociedad.
No hemos cumplido ni remotamente con nuestras
responsabilidades en seguridad, en la limpieza de nuestro cuerpos policiales y
judiciales. Tampoco en la política. La corrupción es algo más que una realidad,
pero para combatirla se necesita, como me decía también Orlando, “encender las
luces” y sacar la corrupción de la oscuridad.
Para eso y para que no quede todo en venganzas
políticas coyunturales, se requiere trabajar con base en pruebas, testimonios,
investigación, inteligencia. Y, en el caso de García Luna, no existe casi nada
de eso. Ni una prueba material contra un personaje que estuvo una década en un
espacio clave de poder en el ámbito de la seguridad. Sin ello, los verdugos de
hoy, siguiendo la misma narrativa, pueden convertirse en las víctimas de
mañana.
