Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
Esta semana, el presidente López Obrador le dedicó
buena parte de la mañanera a la sentencia contra García Luna y a criticar a
Felipe Calderón, asegurando que ambos eran parte de la decadencia del pasado.
Dijo también algo muy interesante, que ni él ni García Luna ni Calderón eran
México, sino representantes de un país, lo que es verdad, pero agregó que el de
García Luna no era, por tanto, un juicio contra México. En eso se equivoca: en
el banquillo de acusados estuvo México como país, caracterizado como un virtual
“narcoestado”: esa fue la narrativa utilizada por la Fiscalía para que el
jurado, literalmente, “creyera”, con base en los testimonios de los
narcotraficantes reconvertidos en testigos de cargo, en la culpabilidad de
García Luna, pese a la falta de pruebas materiales.
No se termina de comprender la amenaza que representa
para el futuro la forma en que se llevó ese proceso y tampoco se entiende que
no se trata de un fenómeno aislado: ahí está el comunicado de la DEA, que no se
queda ni remotamente en el caso García Luna. La DEA, dice, “no se detendrá ante
nada para perseguir a los funcionarios, políticos corruptos que se dedican al
narcotráfico y la violencia”, y agrega que “reafirma la dedicación de la DEA a
perseguir y llevar ante la justicia a quienes permiten al cártel criminal de
Sinaloa inundar Estados Unidos de drogas mortales que están matando a
estadunidenses a un ritmo sin precedentes. Debería enviar un mensaje claro a
todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de
influencia para favorecer el crimen organizado transnacional de que la DEA
perseguirá sin descanso a las organizaciones de narcotraficantes que amenazan
la seguridad y la salud del pueblo estadunidense”.
No es un mensaje para los de ayer, sino para los de
hoy y mañana, y tampoco es nada nuevo respecto a la posición de esa agencia,
incluso en contraposición con otras de su país. García Luna, y eso tampoco es
novedad, fue formado por la CIA, y entre esas dos instituciones, desde la
creación de la DEA en los años 70, siempre ha habido competencia. El caso
Camarena, tan lejano como 1985, es consecuencia, también, de ello.
Pero no se trata sólo de la DEA o de la Fiscalía de
Nueva York. En las últimas semanas se dio el discurso del presidente Biden
sobre el estado de la Unión y el acento que puso en la epidemia de opiáceos
junto con la exigencia de mayor colaboración de México. La carta de los 21
fiscales de estados republicanos demandando que se considerara como
organizaciones terroristas, con todas las implicaciones que ello tiene, a los
cárteles mexicanos. La comparecencia de la directora de la DEA, Anne Milgram,
en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, donde reclamó la falta de
cooperación de las autoridades mexicanas para detener el tráfico de fentanilo.
Las intervenciones de legisladores influyentes, como el demócrata Bob Menéndez
y el republicano Ted Cruz, en esa misma comparecencia, acusando a autoridades
mexicanas de tener una relación con el narcotráfico. Esta semana, Trump dijo
que implantaría, de regresar a la Casa Blanca, la pena de muerte para los
traficantes mexicanos y que cerraría la frontera si no se acaba el tráfico de
fentanilo.
México, desde muchas visiones contrapuestas, es, para
buena parte de Estados Unidos, un narcoestado y la sentencia contra García
Luna, obtenida sólo con dichos, es consecuencia de ello, y un arma formidable
para presionar a las autoridades mexicanas.
No se entiende. Y se llega a barbaridades como la
exigencia de Mario Delgado, presidente de Morena, de demandar al Tribunal
Electoral que le quite el registro al PAN argumentando que “no es un partido,
sino una organización criminal” o hasta la recomendación presidencial a García
Luna para que se convierta en testigo protegido y denuncie a Vicente Fox y a Felipe
Calderón (pregunta: ¿y si García Luna le toma la palabra al Presidente, pero se
le ocurre denunciar a personajes ahora en el poder?).
Falta prudencia, lógica e incluso sentido común. Se
olvida que hay, justificado o no, basado en hechos reales o no, delincuentes
que hoy están denunciando en EU a políticos del pasado y de la actualidad,
algunos relacionados con el oficialismo.
García Luna ya ha sido condenado, ése es un dato duro
e irreversible de la realidad. Por supuesto que ello tiene una interpretación y
un uso político, en México y en Estados Unidos, pero extrapolar esa condena
hasta llegar a pedir que sea la estadunidense la que haga justicia en México,
como se dijo ayer en el Congreso, es asumir un discurso que justifica la tesis
del narcoestado, es poco sensato y carece de un sentido estratégico de nación.
JUSTICIA Y ELECCIONES
Dos decisiones importantes de la justicia de cara al
proceso electoral de 2024 y a la reforma electoral plasmada en el plan B. El
ministro Alberto Pérez Dayán, que tiene en sus manos los dictámenes de las
controversias constitucionales contra esa reforma, decidió, con toda la razón,
que los capítulos ya aprobados y publicados de la misma no pueden aplicarse en
los comicios del Estado de México y Coahuila por la muy sencilla razón de que
fueron aprobados cuando ya había comenzado ese proceso electoral.
Y el TEPJF decidió que la próxima presidencia del INE
debe surgir de una quinteta de mujeres para respetar las leyes de equidad de
género, por lo tanto, crecen las posibilidades de la actual consejera Carla
Humphrey.
