Por: Fernando Belaunzarán.
Hemos perdido capacidad de asombro ante la degradación
del debate público y el desgaste de la convivencia institucional. Se ha
normalizado que el Ejecutivo acuse de corrupción, sin más prueba que su
palabra, a todo servidor público que actúe de manera distinta a sus deseos, así
como que descalifique a organismos autónomos que no ha logrado capturar. El
hecho adquiere mayor gravedad cuando lanza invectivas contra miembros de un
poder independiente, e incluso contra integrantes del máximo tribunal.
Es válido discrepar de criterios y resoluciones que
toman las diversas instituciones, pero acusar delitos sin interponer denuncias
y presuponer inmoralidad en el disentir, lejos de informar a la población y
contribuir a la convivencia civilizada entre los distintos actores del quehacer
público, fomenta el odio social y la manipulación como instrumentos de
intimidación presidencial. Y si eso es preocupante, también lo es que, en lugar
de acatar sentencias obligatorias, se anuncie el fraude a la ley para
incumplirlas. En cualquier democracia funcional sería inaudito que el jefe de
Estado adelantara que, a pesar del fallo de la Corte que mandata operar cambios,
todo seguirá igual.
Tras la resolución de la SCJN sobre la adscripción de
la Guardia Nacional, lo que procede es el diálogo institucional para
implementarla. Sin embargo, procurar esa vía de entendimiento fue calificado
por el Presidente de ofensa que daña la dignidad de su gobierno, al grado que
no sólo denunció las gestiones de Norma Piña con la titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para analizar cuáles serían los tiempos
y las formas más convenientes de llevarla a cabo, sino que incluso llegó al
extremo de prohibir a sus secretarios cualquier interlocución con la Corte. Les
dio la instrucción de ni siquiera tomarles la llamada a los ministros.
Es más que un berrinche pueril, se inscribe en la
preocupante campaña contra el Poder Judicial y, en especial, contra quien lo
preside. Hace poco presenciamos la quema de la efigie de la ministra Piña en el
Zócalo, durante un mitin del régimen, y el plantón de obradoristas, que ya ha
generado conatos de violencia afuera de las oficinas de la Corte, anuncia que
incrementará su presencia y belicosidad esta semana. Se atenta contra la
división de poderes de manera alevosa e impune en momentos en que la Suprema
Corte está tomando decisiones cruciales para la democracia y la rendición de
cuentas.
La reacción en Palacio Nacional no sólo fue excesiva,
también injusta. Los ministros hicieron valer lo que explícita e
inequívocamente está escrito en la Constitución y que, además, fue producto de
un acuerdo público de la presente administración con la oposición. El artículo
21 no deja lugar a dudas, la Guardia Nacional es de carácter civil y forma
parte de la SSPC. Que el Ejecutivo pretenda desdecirse con leyes secundarias de
lo aprobado por mayoría calificada en una reforma constitucional no obliga a
los ministros a consentirlo, al contrario, con ello incumplirían su
responsabilidad. Resulta inadmisible que se viole de facto lo establecido en la
ley suprema, aunque ésta se oponga a la voluntad del mandatario.
Si algo llamó la atención no fue la decisión
fundamentada de ocho ministros, sino las maromas de los otros tres para
complacer al Presidente. Los votos de Yasmín Esquivel, quien carga con el
escándalo de las dos tesis plagiadas –agudizado por el amordazamiento a la UNAM
mediante amparos conseguidos desde su lugar privilegiado en la Corte– y de
Loretta Ortiz, fundadora de Morena, se esperaban por razones obvias, pero el de
Arturo Zaldívar fue muy cuestionado por el abrupto cambio, de un sexenio al
otro, respecto al creciente militarismo en el país.
Después del inocultable enojo del Ejecutivo con la
Corte es ineludible la pregunta: ¿qué hará el régimen para conseguir el voto
que le falta?
P.D.
Deseo pronta y plena recuperación al presidente López Obrador. La mejor manera
para salir al paso de las especulaciones, incrementadas por las mentiras
iniciales de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, es con transparencia, informando
con precisión y evidencia sobre su estado de salud; asunto de interés público y
seguridad nacional.
